- Buenrostro señala contratos simulados, empresas fantasma y lavado de dinero
Carlos Lara Moreno
La secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, denunció una presunta red de corrupción en la contratación de materiales electorales, encabezada por los hermanos José Alfredo y Raimundo Hernández Casillas, cuyas empresas obtuvieron contratos por más de 2 mil 600 millones de pesos con organismos electorales estatales, mediante supuestas licitaciones simuladas y operaciones financieras con indicios de lavado de dinero.
Al presentar los resultados de una investigación ordenada por la presidenta Claudia Sheinbaum, la funcionaria reveló que la red empresarial tiene antecedentes de hace 27 años y mantiene vínculos históricos con exfuncionarios de la Secretaría de Gobernación y del desaparecido Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).
De acuerdo con Buenrostro, entre 2014 y 2023 las compañías relacionadas con los hermanos Hernández Casillas concentraron contratos superiores a 2 mil millones de pesos en 23 de los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).
La operación continuó durante 2024 y 2025, cuando las empresas consiguieron otros 646 millones de pesos mediante contratos adjudicados por 15 organismos electorales estatales.
“Todas las empresas, aunque participaban muchas empresas en teoría, pues al final el beneficiario final eran los mismos hermanos Casillas”, denunció.
Acusan licitaciones amañadas y empresas sin empleados
La secretaria explicó que el mecanismo consistía en presentar diferentes compañías en un mismo procedimiento de contratación, pese a que todas estaban relacionadas con los mismos beneficiarios.
Según la investigación, los participantes presuntamente acordaban cuál de las empresas presentaría la propuesta económica más baja para garantizar que el contrato permaneciera dentro de la misma red.
“Lo que hacen es que entraban a las licitaciones, pero como ellos tienen conocimiento de todas las empresas, pues simulaban con los precios, ya se ponían de acuerdo quién iba a ganar”, detalló.
Buenrostro aseguró que las revisiones del Servicio de Administración Tributaria (SAT) identificaron compañías que operaban sin trabajadores registrados, sin capacidad técnica declarada y con domicilios y teléfonos coincidentes.
“Las empresas no declaran empleados, no declaran capacidad técnica, muchas de las empresas tienen la misma dirección, el mismo teléfono”, señaló.
Entre las compañías mencionadas durante la exposición se encuentran Formas Finas y Materiales, Cajas Graf, Salas de México y Corporativo Seek, identificadas dentro de los registros de contratación analizados.
La funcionaria advirtió que el esquema también incluía la dispersión de recursos hacia múltiples sociedades mercantiles para dificultar el rastreo del dinero y ocultar a sus destinatarios finales.
En las transferencias, explicó, fueron identificadas personas de hasta 96 años y jóvenes de apenas 18 años, lo que generó sospechas sobre la utilización de prestanombres o posibles robos de identidad.
“Es el comportamiento que tienen las empresas que muestran lavado de dinero”, afirmó.
Exhiben origen de la red en Gobernación y el Cisen
Buenrostro vinculó el origen de estas relaciones empresariales con la trayectoria de los hermanos Hernández Casillas dentro de la administración pública federal.
Explicó que ambos comenzaron a trabajar en la Secretaría de Gobernación durante los años ochenta, donde José Alfredo Hernández Casillas se desempeñó como secretario particular de Juan Carlos Padilla Aguilar, entonces funcionario del Registro Nacional de Población.
Posteriormente, los servidores públicos se incorporaron al Cisen, durante el gobierno del expresidente Carlos Salinas de Gortari, cuando la Secretaría de Gobernación todavía concentraba importantes atribuciones en materia electoral.
La funcionaria destacó que Padilla Aguilar ocupó posteriormente cargos públicos en el Estado de México y regresó al gobierno federal durante la administración de Enrique Peña Nieto.
También lo relacionó con el Frente Cívico Nacional, en el que mencionó a personajes como Lorenzo Córdova, Edmundo Jacobo Molina y Marco Antonio Baños, exfuncionarios electorales.
No obstante, durante la exposición no presentó elementos que acreditaran la participación de estos últimos en las presuntas irregularidades contractuales.
La secretaria sostuvo que, tras abandonar sus cargos públicos, los hermanos Hernández Casillas comenzaron a constituir empresas proveedoras de materiales electorales.
Recordó que en 1999 ya participaban en contrataciones en el Estado de México y que, durante 2005, un escándalo relacionado con uno de sus contratos provocó, según su relato, la renuncia de siete consejeros electorales.
Investigan triangulación de recursos y posibles delitos
Buenrostro informó que el SAT y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mantienen investigaciones sobre las operaciones financieras relacionadas con estas compañías, algunas de las cuales ya habían sido sancionadas anteriormente como factureras.
Explicó que los recursos provenientes de los contratos se dispersaban entre numerosas empresas, mediante transferencias sucesivas que dificultaban identificar a sus beneficiarios finales.
La titular de Anticorrupción indicó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) deberá profundizar en la revisión de los contratos y determinar si existen irregularidades que ameriten sanciones administrativas o denuncias penales.
También precisó que los montos dados a conocer podrían aumentar, debido a que existen contratos que no aparecen en los sistemas públicos de información.
“Esto es un piso y de aquí, pues para arriba, los contratos se van a mover hacia arriba”, advirtió.
Finalmente, Buenrostro señaló que, por tratarse de organismos electorales autónomos, corresponde a las instancias fiscalizadoras competentes investigar y, en su caso, promover procedimientos ante la Fiscalía General de la República.
La funcionaria subrayó que su dependencia utilizará los hallazgos para identificar y prevenir mecanismos similares de contratación irregular dentro del gobierno federal.