Judith Sánchez Reyes
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó que existan investigaciones en contra de Rafael Marín Mollinedo, exdirector de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), señalado por el escándalo del huachicol fiscal y por presuntas indagatorias en Estados Unidos por contrabando y lavado de dinero.
“No hay investigaciones, que la Fiscalía informa, pero no hay ninguna investigación””, dijo de manera tajante.
Esto luego de que PerspectivasMx le cuestionó sobre el mecanismo para evitar que aspirantes a cargos públicos tengan antecedentes o nexos con la delincuencia organizada, objetivo de la iniciativa que envió al Congreso en mayo pasado, ya que el ex funcionario federal, así como Ismael Burgueño Ruiz y Adrián de la Garza, presidentes municipales de Tijuana y de Monterrey, respectivamente, han manifestado su aspiración de buscar un nuevo cargo.
Aseveró que solo las autoridades competentes, como la Fiscalía General de la República, las estatales o instancias como la UIF, pueden determinar la existencia de investigaciones, más no los medios de comunicación o publicaciones en redes sociales.
En términos políticos, apuntó que el objetivo de la reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) es crear filtros y verificar si los candidatos tienen vínculos con la delincuencia organizada.
“El partido político le dice al INE: ‘Estos son mis candidatos, por favor consulta si tienen antecedentes’. El INE pregunta y regresa la información al partido, que decide si inscribe o no a la persona como candidata”, detalló.
Pero “Si un partido decide no presentar sus candidatos al INE para que sean revisados, está en su derecho. Lo que presentamos fue un candado adicional, pero la decisión final es del partido”.
Recordó que, aunque los partidos políticos tienen la responsabilidad de que los candidatos que propongan sean personas “honestas y que puedan cumplir con su tarea”, pero en caso contrario, deberán asumir el costo de postular perfiles ligados al crimen organizado, lo mismo pasará con la ciudadanía al darles su voto.
En términos prácticos, este mecanismo establece se realice una consulta establece, pero no obliga a los partidos a utilizarlo y saber los antecedentes de sus candidatos, y ese punto se lo atribuyó a la autonomía partidaria, así como la organización de los procesos electorales.
“Es una decisión del partido político autónoma. Igual que el INE, pues es la institución que organiza las elecciones (…) El Instituto Nacional Electoral es quien organiza las elecciones. No es la presidenta, ni el Gobierno de México, ni los gobiernos estatales”, sostuvo.
Para la presidenta el único motivo que impediría legalmente a un ciudadano contender por un cargo de elección popular es la existencia de una carpeta de investigación o de una orden de aprehensión, por lo que desestimó los señalamientos que se hacen a y través de publicaciones periodísticas, ya que no todo lo que se publica “quiere decir que es verdad”.
“Hay notas periodísticas con información orientada de cierta forma o de plano con falsedades”, puntualizó.
Aunque reconoció que a través “publicaciones relevantes la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno “de inmediato toma nota y abre las investigaciones, incluso sin consultar a la Presidenta”.
Esta misma postura tomó cuando esta casa editorial le preguntó su opinión en torno a la versión de que el senador por Morena, José Ramón Gómez Leal, – al igual que la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar – estaba colaborando con información con agencias de Estados Unidos.
“Aquí hemos dicho muchas veces, ya hasta lo repetimos casi diario: cómo se utilizan medios de comunicación y redes sociales para hacer propaganda política. Hoy otra vez aparecen cantidad de columnas con una enorme cantidad de mentiras. Hay notas periodísticas con información orientada de cierta forma o de plano con falsedades”, expresó.
Pero al insistirle, que el cuestionamiento iba en el sentido de que en caso de que se confirmará esta información cuál sería su postura de que funcionarios o políticos mexicanos pretendan colaborar con instancias de investigación en Estados Unidos o en algún otro país por beneficio propio y no justamente por el interés de los representados, indicó:
“Pues yo no estoy de acuerdo con eso, para eso hay instituciones nacionales. No estoy de acuerdo”.
-¿Para usted sería como un acto de traición a la patria o algo así?, preguntó PerspectivasMx.
Pues depende de la circunstancia, ¿verdad? A lo mejor tuviste un delito cuando saliste de vacaciones y presentaste una carpeta de investigación en otro país y proporcionas información porque recibiste un delito, o a un familiar, o… Pero si se trata de información relacionada con temas de delincuencia, corrupción en México, deben ser presentadas en las instituciones nacionales.
En este contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum también salió a la defensa de la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, tras la publicación que documentó 97 vuelos privados de lujo a Estados Unidos.
A pregunta expresa en La Mañanera, la mandataria no anunció investigación alguna y trasladó la carga de la prueba a los medios de comunicación.
Pidió que se presenten pruebas y que se verifique antes de difundir, bajo el argumento de que la gobernadora morenista ya dio su propia explicación sobre el origen de los recursos.
La postura oficial es: si el señalamiento es contra un morenista, la instrucción es dudar del reportaje, no del funcionario.
