Tras considerar el lamentable atraso que ha sufrido nuestro país en el tema de la protección mínima de los derechos humanos, el doctor en derecho Pavel Rodríguez Quezada, aspirante a ocupar la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), consideró que la falta de acción política es resultado de la intervención desmedida del Congreso y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Frente a los legisladores que integran la Comisión de Derechos Humanos, durante su comparecencia, Pavel Rodríguez reiteró que estas intancias “han contribuido a mermar el estado de derecho y de bienestar social, que si bien nunca ha abundado en el actuar de la política mexicana, si ha golpeado las bases sociales privándoles del conocimiento a la información pública y la educación, violando reiteradamente y así dolosamente los derechos humanos mínimos atentando contra la dignidad de la sociedad”.

Agregó que “El congreso, ha aprobado leyes criminilizadoras de la sociedad que han atentado contra su estabilidad y seguridad jurídica, el último ejemplo es la Ley Nacional de Extinción de Dominio, que si bien es cierto, se pretendía aplicar a la delincuencia organizada; esta ley nos criminaliza a todos como población”.

El también Vice-Rector del Instituto Internacional de Ciencias Jurídicas y Filosóficas (Incijuf), subrayó que “esta Ley que ustedes aprobaron señala a todos sin disntingo y en franca violación al principio pro persona y presunción de inocencia como criminales, al no delimitar a quien se aplicará, obligándonos a defendernos de actos incluso negativos, como acreditar la buena fe aun cuando el principio general en materia civil establece expresamente que ésta se presume”.

Durante su exposición, Rodríguez Quezada aseguró que “la Suprema Corte de Justicia de la Nación abonando a esta marginal situación social, ha delimitado los principios rectores de los derechos humanos contenidos en el párrafo tercero del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigentes desde el 10 de junio de 2011 de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, creando la contradicción de tesis 293/2011 de fecha 3 de septiembre de 2013 donde atenta y nulifica la ponderación del principio pro persona cuando un derecho humano se contiene en la Constitución Federal y en un tratado internacional, la llamada RESTRICCIÓN EXPRESA”.

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