Rafael Lulet
Ante la consulta de revocación llevada a cabo por el Instituto Nacional Electoral por presión del gobierno federal, pese a que muchos ciudadanos se encuentran en contra de tirar dinero a la basura para fomentar el egocentrismo de un presidente, funcionarios públicos de extracción morenista han omitido la constitución al fomentar la votación como si fueran elecciones, además de realizar discursos en actos públicos en pro de dicho referéndum tal como lo hizo el secretario de gobernación en Coahuila, el pasado fin de semana.
Pero, no solo son los discursos, las calles en la Ciudad de México la han tapizado entre pegatinas, carteles pegados en postes, bardas, árboles, y donde se deje, con la imagen del mesías tropical, llamando a la consulta mencionada, como si fuera actos proselitistas de campaña, gastando dinero de organizaciones y partidos afines a Obrador, siendo esto, desecho la cual llegará a los basureros de la ciudad, y con ello desperdicio de dinero obtenido del erario.
Además de propaganda proselitista pegadas en las calles, también nos encontramos con espectaculares publicitando la consulta de Morena, con costos mínimo de 25 mil pesos mensuales por cada uno dependiendo del lugar de colocación, sin mencionar los anuncios instalados en el metro, tanto en los vagones como en los andenes, agregando toda la movilización de cuadrillas de personas recorriendo las calles citadinas tocando puerta por puerta para invitarlos a erogar un voto con discursos erróneos donde se les indica que si no votan pueden perder las ayudas sociales o la aplicación de vacunas.
Pero pese a la prohibición del Tribunal Electoral a los 17 gobernadores morenistas para promover la consulta de revocación a través de la veda electoral, funcionarios públicos tales como la jefa de gobierno de la ciudad de México, publican en Twitter o videos en YouTube en favor de Obrador. A los partidarios del presidente no se conforma con la difusión realizada por el INE de los 93,718 spots transmitidos en medios electrónicos, las 68 bardas con publicidad, así como los 818 espacios de divulgación entre otros, todo pagado con recurso público, sino que aparte por cuenta de ellos realizan su propagación publicitaria, también con dinero del erario, sin mencionar las llamadas condicionando el apoyo.
La violación a nuestro marco jurídico por la propaganda proselitista y discursos de diversos funcionarios públicos morenistas, son principalmente a los artículos 41 y 134 constitucional, así como los preceptos 228, 341 y 345 del código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, además de los diversos acuerdos del Consejo General del INE, retomando el del 2008, en su numeral segundo, y de las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, agregando lo establecido en el catálogo de delitos electorales del Código Penal Federal.
Como podemos observar, los morenistas han violado la constitución, la ley electoral, el código penal federal y los diversos acuerdos de los consejeros tanto del INE como del Tribunal Electoral, desde el mismo presidente hasta los funcionarios públicos con sus diversos niveles y cargos, así como los partidos afines a Morena, sin importarles el Estado de Derecho, solo importándoles por imponer sus intereses, manejando su doble moral a sus conveniencias, usando una falsa bandera democrática.
