Enrique Escobedo
La intención del presidente Andrés Manuel López Obrador de desaparecer al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y que las funciones que realiza sean absorbidas por la Secretaría de la Función Pública me parece poco acertada. Su argumento lo sustenta en la austeridad y que es un órgano “alcahuete”. Dicha decisión es riesgosa debido a lo mucho que los ciudadanos perdemos, pero nuestro primer mandatario no es proclive a la transparencia y la rendición de cuentas. Es más, al haber calificado a ese órgano constitucional autónomo de alcahuete, me parece, que menosprecia el trabajo de una Institución al servicio de la sociedad que contribuye al fortalecimiento de la democracia participativa, pues es un instrumento de combate a la corrupción.
La transparencia junto con la rendición de cuentas son instrumentos sociales que incentivan el escrutinio ciudadano y evitan el exceso de concentración de poder en el andamiaje gubernamental. También aseguran la vigencia del Estado de Derecho pues enfatizan un control social más efectivo sobre la Administración pública.
Los fundamentos democráticos de la transparencia y la rendición de cuentas (TRC) los podemos encontrar en algunas de las causas de la Independencia de los Estados Unidos cuando los colonos condicionaron el pago de impuestos a cambio de tener representación en el Parlamento inglés, pero la torpeza política del soberano británico, Jorge III fue la negación. En otras palabras, los colonos querían participar en la elaboración del presupuesto y saber acerca del destino de los impuestos que ellos pagaban. Lo cual es, además de sensato, algo que ha fructificado en las ideas políticas y democráticas a fin de evitar la concentración del poder y las decisiones discrecionales y opacas.
Otro fundamento de la TRC lo podemos encontrar en lo que los teóricos actuales de la política llaman el Principio de la Máxima Publicidad que consiste en que los entes obligados por ley a exponer la información que poseen al escrutinio público, en caso de duda razonable respecto a la restricción a la información, se optará por la publicidad de la misma.
A los gobiernos corruptos les molesta que la sociedad les pregunte acerca de las razones por las cuales decidieron la opción x en lugar de la y. Les parece inadmisible que los investigadores, periodistas o académicos les cuestionen las razones por las cuales se negaron a realizar licitaciones públicas y se inclinaron por la asignación directa. Esos gobiernos dicen tener sus datos y nunca los hacen públicos, aún más, no rinden cuentas y se niegan a aceptar los indicadores de evaluación y de resultados. Simplemente prefieren la opacidad, la mentira, el engaño, el maquillaje de las cifras y la creación de cortinas de humo.
La confidencialidad y reserva de la información, en efecto, debe existir. De hecho, la actual ley de Transparencia así lo contempla, pero eso no significa que todo sea asunto de seguridad nacional. También dicha ley nos protege al reservar nuestros datos personales y que las instituciones públicas, privadas y sociales no hagan mal uso de la información que proporcionamos.
El valor técnico de la rendición de cuentas es coadyuvante con el control interno, con la auditoría del desempeño y con la fiscalización, ya que los informes de resultados de esas instancias señalan responsables. Pero ahora parece que el órgano ciudadano conocido como IFAI pasará a ser parte de la estructura formal del poder central y del presidencialismo. Aún más, he leído a muchos colegas, analistas, periodistas, comunicólogos y politólogos, muchos de ellos militantes históricos de las izquierdas, y también critican la medida, pues el gobierno se convertirá en juez y jurado.
Las recomendaciones, mejoras y sanciones que están tipificadas en la ley, en caso de que las dependencias y entidades de la Administración pública incumplan con la transparencia y rendición de cuentas, no pueden quedar bajo le égida de la decisión política ajena a la ley. Eso y más perderemos.
Tal vez cuando se publique este artículo ya sea demasiado tarde, pero dejo testimonio de mi oposición a la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
