• Ejidatarios y comuneros en manos de la corrupción. Sedatu, Conavi, RAN, Procuraduría Agraria y Tribunales Agrarios se dedican más al negocio. En el gobierno de López Obrador la justicia rural para campesinos e indígenas no existe. Mentira que se esté dando solución a los grandes problemas agrarios  
  • Quedan en promedio unos 300 conflictos agrarios, la mayoría de las comunidades indígenas, los más antiguo y complicado, incluidos titulación de terrenos nacionales: Profesor Álvaro López Ríos 

Guillermo Pimentel Balderas  

El profesor Álvaro López Ríos, secretario general de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), en entrevista con este reportero (vía WhatsApp), en forma categórica, aseguró que este gobierno de la República, “carece de una política agraria para resolver los conflictos que quedan”. 

Es decir, los enumeró en 6 temas y enfatizó que López Obrador decretó el fin del neoliberalismo, pero, sin tocar la reforma más neoliberal, que fue la regresiva reforma al 27 constitucional, atentatoria a la soberanía nacional y de la propiedad social de la tierra. 

Apuntó que la propiedad social, que comprende el 52 % del territorio nacional en alrededor de un poco más de 32 mil ejidos y comunidades, carecen de una política de desarrollo y de presupuesto para atender sus necesidades. 

Calificó a varias instituciones de la 4T como corruptas. “La Sedatu ha sido convertida en una entidad de desarrollo urbano de manera exclusiva y sus obras de dudosa utilidad pública y caras se realizan en el ámbito urbano. El sector agrario ha sido desmantelado y lo que queda lo opera una burocracia que carece de experiencia, ineficaz y corrupta. En Sedatu, Conavi, RAN, Procuraduría Agraria y Tribunales Agrarios se dedican al negocio”, aseveró. 

El profesor Álvaro López mencionó que las organizaciones agrarias que quedan después de tres años de gobierno “Obradorista” y los conflictos agrarios pendientes se encuentran en el limbo. “Un país con una larga trayectoria en el reparto Agrario, hoy deja a la deriva a los dueños de la tierra y a quienes cargan con conflictos agrarios sin resolver. La justicia agraria para los campesinos e indígenas no existe”, puntualizó.  

Y, como sexto tema, expuso que el presupuesto para el sector agrario es ínfimo, por eso se dejó de atender obligaciones jurídicas y las establecidas en el Acuerdo Nacional para el campo. Cuestionó que hoy el campo se encuentra en el desamparo; la justicia agraria es inexistente y los conflictos (agrarios) duermen el sueño de lo injusto. Estableció que quedan en promedio unos 300 conflictos agrarios, la mayoría de las comunidades indígenas, lo más antiguo y complicado, incluidos titulación de terrenos nacionales. 

“El abandono lo pagará caro nuestro país, no hay suficiente producción y tendremos falta de alimentos. Lo más grave está por llegar, gracias a la ineptitud del gobierno”, sentenció el luchador agrario.  

Por su parte, el dirigente de MUYOR (Mexicanos Unidos y Organizados), Cruz Hernández Martínez, dijo a este reportero que los conflictos agrarios aún no se resuelven ni se resolverán porque hay muchos puntos rojos en los cuales el Gobierno Federal ha olvidado y, ahora, con los trámites burocráticos a raíz de la Pandemia, “si antes eran largos los trámites, ahora se complican más debido a que todo hay que hacerlo a través del internet y en muchas de nuestras comunidades no hay esta tecnología y hasta en algunas comunidades ni luz tienen”, ratificó. 

“Este gobierno está dejando mucho que desear ya que hay muchos más conflictos y sobre todo han aumentado en la zona del Tren Maya, en la cual no solo están invadiendo terrenos, están haciendo una tala de los árboles y acabando no solo con la ecología, sino también con nuestro patrimonio Arqueológico”, lamentó. 

El también productor Cruz Hernández opinó que, si rascamos más, habría que ver cómo les compraron en Santa Lucía y Texcoco sus tierras a los ejidatarios y comuneros. “Es una mentira que se estén dando soluciones a los grandes problemas agrarios”, enjuició.   

Por otra parte, en varias publicaciones nacionales y locales se documentó como ejidatarios jaliscienses (provenientes de diversas comunidades) han denunciado corrupción en el Registro Agrario Nacional que, van desde el supuesto cobro discrecional para la realización de trámites, hasta el doloso rezago de expedientes. 

Lo más grave, sobresale, es la clásica prepotencia de los funcionarios de la 4T, como es el caso del titular del RAN, Plutarco García Jiménez, con quién pretendían sostener una reunión para denunciar presuntas irregularidades que ocurren en la delegación de esta dependencia en la entidad; sin embargo, a pesar de que se había confirmado la reunión en Guadalajara, los representantes ejidales fueron burlados y de último momento decidió cancelar el citado funcionario. 

Mientras tanto, se quejan de que, para realizar alguna gestión en el RAN les imponen una cuota que va de los 5 mil a los 20 mil pesos, según para facilitar las gestiones y, en caso de negarse a pagar, se enfrentan a represalias administrativas e incluso reciben amenazas por parte del delegado del RAN en Jalisco, Faustino Flores o de su equipo de trabajo, en caso de que decidan denunciar estos hechos ante otras autoridades y medios de comunicación. 

Así las cosas, el presidente del comisariado ejidal de San Sebastianito en Tlaquepaque, J. Jesús Ortiz Robles y Alberto Parra López presidente del Comisariado Ejidal de la Huerta, han señalado que esta corrupción en el RAN se trata de una práctica recurrente que atenta contra la dignidad y el patrimonio de quienes por derecho tratan de mantener en regla lo que por ley les corresponde. 

También, está publicado (poresto.net/yucatan/2022/6/27/) que cerca de 30 ejidatarios de Yaxkukul, Umán, se manifestaron en la sede de la Procuraduría Agraria (distrito 34) en Mérida, Yucatán, para exigir que se respeten sus tierras.  Están siendo despojados y ya están cansados de que no se haga nada por parte de las autoridades.  

Se debe destacar que los 32 mil 213 ejidos y comunidades son propietarios del 99.6 millones de hectáreas –según el Registro Agrario Nacional–; esto es, el 51% de la superficie geográfica de México, con impactos en las 32 entidades federativas, considerando que el país ocupa el 5º lugar mundial en biodiversidad, de la cual, la terrestre se concentra en ejidos y comunidades, así como el 58% de bosques y selvas. 

En cuanto a la vulnerabilidad que se vive en el campo mexicano, atendiendo a que en él radican 26 millones de personas, de las cuales, 17 millones se encuentran en pobreza y, de éstas, 5 millones en pobreza extrema, hay la necesidad del reconocimiento y atención de los ejidos y comunidades y sus integrantes a la luz de los derechos humanos consagrados en la Constitución y Tratados Internacionales que el Estado Mexicano es parte. 

En conclusión, en noviembre de 2021, Morena presentó en el Senado una iniciativa de reforma al artículo 27 constitucional que, provocó la reacción en contra de empresarios y legisladores del PAN, pero también el deslinde del coordinador morenista, Ricardo Monreal. 

Según la explicación de José Narro Céspedes, “la intención no es expropiar tierras, como sostienen quienes pretenden que el ejido desaparezca”, sino que en la fracción de ese artículo 27 donde se refiere a los regímenes de propiedad que hay en México, se incluya el social, porque sólo se reconoce la propiedad privada y pública”. 

Sin embargo, Ricardo Monreal aclaró, a través de un video, que la iniciativa no tiene el aval del grupo y dijo que “propietarios, ejidatarios y comuneros” pueden estar tranquilos, ya que su bancada no cometerá excesos, ni actos desmedidos que provoquen alteración en el campo. “Estén tranquilos” les dijo. ¿De verdad? 

Correo: guillermo.pumageneracion1979@gmail.com