Enrique Escobedo
La bandera electoral que durante años utilizó el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador fue la lucha contra la corrupción. Señalaba y acusaba a los otros partidos y a personas servidoras públicas de corruptas y él se ponía a si mismo de ejemplo de honestidad valiente. Sin embargo, una vez que llegó al poder y se afianzó en él tomó decisiones claramente en favor de solapar y encubrir acciones tales como la asignación directa a proveedores de la Administración pública, evitar licitaciones públicas, esconder o negarse a proporcionar información de los gastos gubernamentales, manifestar que él tiene otros datos diferentes a los institucionales como el INEGI, disimular detrás de argumentos de seguridad nacional y no rendir cuentas acerca de los costos de la refinería de Dos bocas y del Tren maya y ahora queda clara su intención de desaparecer al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
La corrupción es la posibilidad de que algunas personas servidoras públicas se puedan beneficiar ilegalmente en el desempeño de sus cargos al obtener recursos financieros o algún otro tipo de prebenda debido a las decisiones que toman y al bajo riesgo de ser descubiertas. Léase, la opacidad es cómplice de la corrupción. De ahí que el constituyente promovió en el año 2003 modificaciones al artículo sexto constitucional y su consecuente ley de Transparencia a fin de hacer translucido el manejo de los recursos públicos. Posteriormente, durante la gestión de Enrique Peña Nieto en mayo de 2015 se publicó la nueva ley general de transparencia y con ella se fortaleció la garantía de los mexicanos a tener acceso a la información, la protección de sus datos personales, así como la promoción de una cultura de transparencia, rendición de cuentas y la participación de la sociedad y, por lo mismo, el fortalecimiento de la democracia.
De acuerdo con el artículo seis constitucional la transparencia es un derecho humano, pues en su apartado A precisa que toda la información en posesión de cualquier autoridad que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos federal, estatal o municipal es pública y solo podrá ser reservada temporalmente. Aún más, el apartado B en su fracción V sostiene que la ley establecerá un organismo público descentralizado con autonomía técnica, operativa, de decisión y de difusión sin fines de lucro a efecto de asegurar el acceso al mayor número de personas. Léase, la creación del INAI.
Por lo anterior queda claro que el mundo ideal es un gobierno cercano a la gente y que le rinda cuentas formalmente, por escrito, metodológica y sistemáticamente. Se trata de un ejercicio serio y no de un acto de charlatanería en la que en una conferencia mañanera se nos argumenta que el presidente tiene otros datos y no los puede hacer del dominio público, con lo cual viola la Constitución.
De entrada, muy difícilmente el presidente podrá dejar en inoperancia al INAI, pues aunque su Consejo Consultivo no sesione, el derecho ciudadano a saber acerca del destino de nuestros impuestos es constitucional y López Obrador y toda persona servidora pública nos debe rendir cuentas. De otra manera estaría violando la carta magna.
Lo que queda claro es que la transparencia le estorba al actual gobierno. No soporta que la sociedad se entere de los desvíos de recursos, le incomoda que sepamos cuánto cuestan las obras faraónicas, le irrita que le exijamos rendición de cuentas y le parece irracional que pensemos. Es claro que debido a que Morena no tiene la mayoría calificada en la Cámara de Diputados no podrá desaparecer al organismo público descentralizado, ya que requeriría de un cambio constitucional. Pero hará todo lo posible por asfixiarlo presupuestalmente. La conclusión es que la opacidad, engendradora de impunidad y corrupción es lo que desea la actual administración, pues para ella es el mundo ideal.
