Ángel Bejarano O.
Errónea fue la decisión tomada por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador de no asistir a la Cumbre de las Américas organizada por Estados Unidos. Más allá de que su presencia en Los ángeles representaba una oportunidad para consolidar relaciones comerciales, de manera personal, su argumento, estéril por donde se le quiera ver, de que a ese evento deberían asistir los jefes de gobierno de Cuba, Venezuela y Nicaragua, no tiene ninguna sustentación en el ámbito de la democracia.
Defender a esos tres países está fuera de toda lógica. En Cuba, Nicaragua y Venezuela lo que menos ha existido desde hace muchos años es la democracia, y sí, represión, tortura y derramamiento de sangre.
En Nicaragua, por ejemplo, el ex guerrillero del Frente Sandinista de Liberación Nacional (EZLN), Daniel Ortega, inició su quinto período como presidente, cuatro de ellos de forma consecutiva.
Llegó al poder después de derrocar a Anastasio Somoza, asesinado en Uruguay por Ernesto Gorriarán, integrante del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), aunque antes había formado parte del EZLN. Somoza se había enquistado en el poder con la ayuda de Estados Unidos. Antes de su muerte buscó asilo en varios países, pero fue rechazado, sólo Uruguay le brindó esa oportunidad.
Tras su llegada al poder, en 1984, Ortega continuó con el mismo tipo de gobierno de su antecesor: represión y persecución de políticos que buscaban llegar a la presidencia de ese país.
En la última elección, calificada por varios países como antidemocrática, Ortega mandó encarcelar a más de 30 líderes opositores, entre ellos a siete precandidatos presidenciales. Nadie de la disidencia nicaragüense puede externar su desacuerdo con la forma en que gobierna Ortega, so pena de ser encarcelado.
En Cuba la situación es similar, aunque la dictadura se enquistó desde la época de Fulgencio Batista, allá por 1952. Fidel Castro, el famoso “líder de la revolución cubana, se encargó de derrocarlo. Castro estuvo al frente del gobierno hasta el 31 de julio de 2006, pero su legado, lleno de represión, se lo entregó a su hermano Raúl, quien estuvo a su lado cuando derrocaron a Batista.
En Cuba, como en México, el poder judicial está subordinado al ejecutivo. El gobierno represor de los Castro se caracterizó por encarcelar a periodistas, sindicalistas y a políticos opositores.
Miles de disidentes purgaron condenas en condiciones paupérrimas. El espionaje ha sido parte fundamental para dar seguimiento a las acciones emprendidas por los grupos opositores a ese gobierno antidemocrático.
Y el tercer país que López Obrador pugnó porque estuviera presente en la “Cumbre de las Américas”, es Venezuela.
Desde la llegada del comandante Hugo Chávez al gobierno de ese país (1999-2013), las condiciones laborales y judiciales para sus habitantes cambiaron, pero no de manera favorable, pese a que el militar se había comprometido a restaurar el orden económico. Carlos Andrés Pérez, su antecesor en el gobierno, había dejado en la ruina al país, pese que en 1980 Venezuela sustentaba su economía en el petróleo.
Pero, más allá de su éxito en el ámbito social, que lo encumbró ante un pueblo pobre, Chávez dio paso a la represión. Cientos de opositores de su gobierno fueron encarcelados y otros más desaparecidos. De un gobierno querido por la población dio paso a la desilusión.
La política represiva de Chávez la adoptó su sucesor Nicolás Maduro. Hoy, más que nunca, Venezuela es una dictadura. Está prohibida la crítica y la disidencia. Detienen arbitrariamente y, de acuerdo con organismos internacionales de Derechos Humanos, la tortura y las ejecuciones extrajudiciales están documentadas.
De enero de 2018 a mayo de 2019, integrantes del grupo Fuerza de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional, asesinaron a 6856 personas por “oponer resistencia a la autoridad”.
