Enrique Escobedo
Un Estado moderno y democrático se caracteriza, entre otras circunstancias, en que la sociedad tiene capacidad ética y jurídica de cuestionar las acciones gubernamentales, exigir rendición de cuentas, ejercer sus derechos y libertades, cumplir con sus deberes, así como de cambiar, si así le parece, de partido político en el poder. Por su parte, un Estado moderno y democrático tiene la obligación de proteger y defender a la sociedad de riesgos y amenazas, así como de recurrir, si es el caso, a la intimidación, la persuasión, la disuasión y la represión.
Las cuatro categorías arriba enunciadas son vitales en la vida de los Estados. Veamos, la intimidación se refiere a provocar en algún grupo social o a un individuo el temor a fin de obligarlos a comportarse de manera determinada y forzada o realizar acciones que libremente no realizarían, pues intimidar es un acto de presencia real de alguna fuerza del Estado.
La persuasión se refiere a la capacidad que tiene la autoridad estatal de influir en un individuo o grupo social a fin de que asuman dócilmente actitudes o conductas alineadas a los señalamientos del que desde el gobierno de deciden. Es una estrategia de coacción tersa, pero firme. En otras palabras, se trata de advertencias sin engaños y con el cuidado de las formas.
La disuasión se refiere a obligar al desistimiento de un individuo o grupo social de llevar a cabo alguna acción contraria al deseo de un Estado. Es la demostración formal, explicita y tácita del poder bélico y violento que posee legalmente la autoridad. Léase las corporaciones policiacas o las fuerzas armadas.
Finalmente, la represión se refiere a la acción violenta legal y legitima que posee un Estado a fin de evitar que un individuo o grupo social quebranten la ley y el orden. El uso de la fuerza, ya sea moderada o abiertamente brutal, variará según las circunstancias. En última instancia, cuando se recurre a la represión es que las anteriores instancias fracasaron.
El actual gobierno es muy dado a la intimidación ante ciertos individuos, sectores y grupos de la sociedad. Así tenemos que los miércoles, desde el Palacio Nacional, aparece una lista de periodistas a quienes se les califica de mentirosos. También, pero con menor constancia es observable la estrategia presidencial de la persuasión mediante la presencia del ejército en el sureste del país a fin de acotar a grupos de ecologistas que se oponen a la destrucción irracional de la selva ante la construcción del tren maya. La disuasión es utilizada con delicadeza, pero es utilizada y la observamos con los despliegues de la militarización en áreas de la Administración pública que antes las ejecutaban los civiles.
La represión es un trauma que se vive en México después de lo acontecido el 2 de octubre de 1968 y los gobiernos tratan de evitar, en lo posible, actos de represión. Sin embargo, eso es imposible en la vida de un Estado. Así tenemos el caso de que la represión ejercida por la Guardia Nacional en la frontera sur del país con el propósito de que los migrantes de centro y sur América no atraviesen el país e intenten llegar a la vecina nación del norte. Hoy en día son prácticamente cotidianas las noticias de enfrentamientos verbales y físicos entre migrantes y autoridades del gobierno de México.
El cuadrángulo aquí expuesto no es propio de los gobiernos de derecha o de izquierda. Es una realidad más allá de las ideologías y es una necesidad real del contrato social. La actual gestión niega que lo que acontece en Chiapas con los migrantes sean actos de represión. Pero eso son y así continuará. Por lo tanto, ahora la cuestión es saber acerca del nivel e intensidad que esta administración ejercerá. El año que termina ya tiene altas dosis de intimidación y de persuasión. Tal vez el año próximo recurra a la disuasión de manera descarada, como ya se vislumbra que ocurrirá con el CIDE. Esperemos que ante el desbordamiento de la situación no llegue a la represión.