Bernardo López 

Se consumó la flagrante violación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el traspaso de la Guardia Nacional al Ejército, a pesar de que la carta magna mandata, en su artículo 21, que “las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil, disciplinado y profesional”: ¿Se realizó un golpe de Estado frente a nuestras narices? 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrá en sus manos un trabajo titánico para validar o rechazar esta reforma a las leyes secundarias, ante el anuncio de legisladores opositores de presentar una acción de inconstitucionalidad. 

Todo este proceso legislativo sólo confirma el fracaso de la estrategia de seguridad del presidente Obrador -quien no pudo con el crimen organizado, las matanzas, los secuestros, los asaltos, el control de plazas-, que dijo, a inicios de su sexenio, que el país se pacificaría cuando él tomara posesión del cargo y en 2019 se atrevió a sentenciar que en seis meses habría resultados en el combate a la inseguridad. Ahora les da la razón a sus antecesores, de militarizar al país. 

Al presidente y a los legisladores de la 4T ya se les olvidó su juramento de respetar la constitución; deberían ser los primeros en acatarla. Además, corremos el riesgo de que la clase militar se engalle y quiera absorber todas las instituciones civiles ¿Volveremos a la época de los gobiernos militares? 

Los solados deberían ser los primeros en protestar por ser enviados a realizar tareas que no le corresponden, pues no cuentan con la capacidad de llevar a cabo labores de seguridad ciudadana y de aprehensión de delincuentes, debido a que están entrenados para el combate. 

El presidente Obrador dice que se necesita del profesionalismo de la Marina y del Ejército, pero se le olvidan los casos de Heidi, la niña que fue muerta por un disparo que se presume fue realizado por elementos castrenses, en Nuevo Laredo, Tamaulipas; o Ángel Yael, el estudiante de la Universidad de Guanajuato, que fue asesinado por un elemento de la Guardia Nacional, de acuerdo a denuncias de conocidos y familiares de la víctima; o de Yesica, quien falleció después de recibir un balazo por la espalda, luego de participar en una manifestación para exigir agua y tomar el control de la presa “La Boquilla”, en Chihuahua.

¿Cuántos casos más de estos tendremos la pena de relatar? ¿Sería posible que esta obsesión de mantener a los militares en tareas de seguridad ciudadana sea un mandato más allá de nuestras fronteras?, porque, al menos, van tres sexenios, antes de la 4T, que utilizan al Ejército en esta labor, a pesar de que esta estrategia tampoco ha dado frutos.