Bernardo López
Durante cuatro días, abogados se manifestaron por el ineficiente sistema de citas que utiliza el Tribunal Superior de la Ciudad de México, lo que provoca el deterioro al acceso a una justicia pronta y expedita, pues hay materias en lo civil o familiar donde se requieren acciones inmediatas, para que no se pierdan casos, tales como pensiones alimenticias o regímenes de visitas.
Resulta que todos los legistas ya no van a poder asistir de manera espontánea a realizar su trabajo -presentar demandas, consultar expedientes- a las instalaciones del tribunal y juzgados familiares y civiles, únicamente con una visita agendada, lo que también contradice el derecho de las personas a poder ingresar y ser atendidos en oficinas públicas.
Por si fuera poco, muchos abogados de la tercera edad no cuentan con la pericia para realizar trámites por internet, lo que provoca discriminación, además que el tribunal tiene la obligación de atender a las personas en sus instalaciones. El artículo 2 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México mandata que la función judicial se deberá regir por la accesibilidad: Permitir y facilitar a las personas con alguna discapacidad el uso de los servicios públicos que ofrece el Poder Judicial, de manera progresiva.
Los manifestantes pidieron que se habilite el sistema de citas mediante llamada telefónica y por correo electrónico, pues tardan mucho para notificar con el actual, lo que deriva en que los abogados queden mal con sus clientes. Los inconformes presentarán un amparo masivo, para que el tribunal ponga como prioridad el acceso ágil a la justicia.
El Poder Judicial de la Ciudad de México señaló que se trata de un avance para la modernización y la ampliación de la justicia, sin embargo, por qué niegan los servicios a los litigantes si estos no llevan consigo una cita. Las autoridades del órgano de justicia afirmaron que no se cancela la atención presencial, pero, entonces, de dónde surgen las demandas de los abogados, a los que les han contestado con un cerco de policías en las inmediaciones del tribunal.
Las personas no deben ser coaccionadas, por la moda de implementar servicios digitales, a una sola opción para desempeñar su trabajo y sus labores en oficinas de servicios público y las autoridades de cada institución están obligadas a prestar la atención en todas las modalidades a las personas, para evitar actos de discriminación.
