Bernardo López
Las autoridades de derechos humanos, de justicia y de sanidad, además de activistas, deben agudizar sus sentidos respecto a la cartilla de vacunación que está expidiendo el Gobierno, para que no sea utilizado como un instrumento de extorsión, en contra de las personas que decidieron no vacunarse contra el SARS-CoV-2.
Debemos reconocer los llamados que hicieron las autoridades del Trabajo y Salud federal, respectivamente a María Luisa Alcalde y Hugo López Gatell, quienes dijeron que la cartilla no puede ser exigida como un requisito para ser contratado o para mantenerse en un puesto.
“El certificado de vacunación contra COVID-19 no puede ni debe ser utilizado como condicionante para contratar o para permanecer en el empleo. Ello sería violatorio de la Constitución y la Ley Federal del Trabajo”, dijo Luisa Alcalde, y tiene mucha razón pues el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -referente a los derechos humanos- dice: “Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”. De igual forma, la Constitución Política de la Ciudad de México reafirma estos derechos.
Esto debería aplicar para todos los países, sin embargo, lo que percibimos en otras regiones son actitudes violatorias de los derechos humanos como encierros injustificados, prohibición del libre tránsito, toques de queda, hipervigilancia digital, así como criminalización de las personas sanas.
Entonces, todas las autoridades de México están obligadas a proteger los derechos, tanto de las personas que decidieron aplicarse la vacuna experimental, como de las personas que ejercieron su derecho a no ser inoculadas. Y con el mismo ímpetu que le dan a la promoción de la vacuna, también le deben de aplicar el mismo esfuerzo a defender a los ciudadanos si se intenta forzarlos a inyectarse a cambio de un trabajo o una compensación.
Las Comisión Nacional de Derechos Humanos y las comisiones regionales están obligadas a realizar una campaña para defender a esta población. En la Ciudad de México existen ya los juzgados de tutela de derechos humanos, los cuales tienen la obligación de brindar protección inmediata a cualquier persona que se presente a exigir que se cumplan.
Un buen consejo, ahora que comienzan a registrarse descensos de temperaturas, es intensificar el lavado de manos, así prevendrá y reducirá el contagio de enfermedades respiratorias.
