Bernardo López
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) refrenda su autonomía frente a los otros poderes al determinar la inconstitucionalidad del traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional; podemos confiar en que las decisiones de los ministros permanecerán ajenas a las presiones externas.
Ya lo hemos comentado anteriormente, el artículo 21 de la Constitución federal dice claramente “Las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil, disciplinado y profesional”. No existen parámetros para la interpretación de este mandato, por más que le quieran rebuscar.
Este artículo también dicta que “La ley determinará la estructura orgánica y de dirección de la Guardia Nacional, que estará adscrita a la secretaría del ramo de seguridad pública”. Con lo que ratifica que no existe ley que permita que las fuerzas armadas realicen las tareas de seguridad pública, aunque pueden ser auxiliares y para casos específicos.
Con contundencia, la ministra presidenta Norma Piña Hernández señaló que la decisión de su voto se debe a lo que dictan los artículos 21 y 29 constitucional, en el sentido de la competencia exclusiva de las autoridades civiles en materia de seguridad pública.
Recordemos también que hubo un antecedente importante a esta decisión de la SCJN: el voto en abstención que emitió el senador Ricardo Monreal, durante los trabajos de discusión parlamentaria, en septiembre pasado. Al final, el tiempo le dio la razón.
El senador argumentó -antes de las discusiones de la iniciativa preferente que mandó el presidente Obrador- que “se requiere reforma constitucional, no puede ni por la vía del decreto, ni por vía acuerdo ni tampoco ningún otro ordenamiento jurídico menor al de la Constitución, está situado jerárquicamente por encima de ella”.
Al siguiente día, en la mañanera, después de la votación en el Senado, el presidente López Obrador dejó ver sus resentimientos al señalar que “Es su libertad, no estoy de acuerdo, desde luego, con su postura, porque está avalando la falsedad, la hipocresía y la politiquería del conservadurismo de México, pero somos libres».
La SCJN y el senador Monreal ganaron esta dura batalla por los derechos humanos; también ganó el Ejército, al mantener su dignidad como garante de la seguridad nacional. Los militares deben de mantenerse en las tareas encomendadas por la constitución.
El foco de atención debe estar en las acciones y esfuerzos que realizan las entidades federativas y municipios en el combate a la delincuencia, porque delegan toda la responsabilidad a la Federación, sin embargo, también están obligados -por el artículo 21 constitucional- a ejercer las tareas de seguridad pública.