Enrique Escobedo
Una de las características de un gobierno abierto es ser transparente e informarnos acerca del destino y uso de nuestros impuestos. No basta que los paguemos y el gobierno lo gaste. Lo importante es que sepamos en qué gasta, cómo lo gasta, cuándo lo gasta y en que invierte los recursos financieros que son nuestros. De ahí que las personas servidoras públicas viven de un salario que nosotros les pagamos y consecuentemente deben ser atentos, oportunos, eficientes y eficaces.
Desafortunadamente la presente administración es poco proclive a ser transparente. Es cierto que el presidente López Obrador habla todas las mañanas en sus conferencias, pero trata temas de coyuntura y no es sistemático en su rendición de cuentas. También es cierto que le ha dado por utilizar el micrófono cada trimestre a fin de dar micro informes de gobierno. Pero son contenidos coyunturales y glorículas. El Informe oficial del día uno de septiembre está plagado de citas comunes, enreda los temas y así no se ven avances sostenidos, ya que es un extracto desarticulado de su gestión de gobierno.
Rendir cuentas exige calidad ya que es un requisito jurídico, pues reporta acerca del otorgamiento de los bienes y servicios que presta la Administración pública del país a la ciudadanía. Dicha calidad es evaluada y valorada por la sociedad, ya que no hablamos necesariamente de productos comercializables, sino de un proceso determinado que impacta en la calidad de vida de la población y por lo mismo en la confianza en las instituciones de la República.
Los atributos de los bienes y servicios son cuantificables y cualificables. De ahí que las virtudes de la rendición de cuentas deben ser semejantes. En otras palabras, un gobierno responsable y comprometido al rendir cuentas e informarnos lo debe hacer de manera precisa, concisa y maciza con datos comprobables, verificables y demostrables. Léase, consistentes, organizados y estandarizados. Se nos debe informar sobre los objetivos de los programas, sus contenidos, sus costos, las normas que los regulan y cuáles son los estándares de medición utilizados respecto a la calidad técnica y, sobre todo, del impacto social.
Es cierto que la voluntad política es importante si hablamos de un gobierno abierto. Empero, antes que un acto benevolente es una obligación legal de los gobernantes y una imposición social. De ahí que las unidades de transparencia de las dependencias y entidades de la administración pública deben ser altamente eficaces y atender con esmero y calidad todas las peticiones que reciben. Lo cual, en lo general lo cumplen. El problema está en el mando superior (el presidente) que desdice los informes, contradice lo publicado y argumenta tener otros datos. Situación que desencadena desconfianza, opacidad, suspicacias y temores acerca del rumbo de la nación.
El actual gobierno está más ocupado y preocupado por ocultar información a la sociedad y lo hace en el nombre de la seguridad nacional, por lo cual queda claro que algo esconde. Lo hace con el tren maya, con el aeropuerto fantasma y ahora con las vacunas infantiles contra el Covid. El presidente se la pasa repitiendo la conseja popular de que “el que nada debe, nada teme”; lo cual es cierto. Pero en su caso algo debe y algo teme. De otra manera no estaría ocultando tanta información. Tristemente no hay tanta transparencia, ni rendición de cuentas y mucho menos calidad. Mientras el actual presidente fue candidato arengaba que todo sería transparente. Hoy nos damos cuenta de que esa promesa de campaña es incumplida y, cuando nos rinde cuentas, lo hace sin calidad. Como mucho de esta gestión.
