- Crece inseguridad nacional por ineficacia en militarización de seguridad pública. Once organizaciones del sector marítimo nacional apoyan la Acción de Inconstitucionalidad promovida por Senadores en contra de dejar en manos de la Marina las terminales marítimas, el transporte por mar y la Educación Náutica
- Califican el decreto como un “marrullero abordaje” de una dictadura presidencial y de los huestes incondicionales en el Congreso de la Unión. SCJN tiene la última palabra
Guillermo Pimentel Balderas
Once organizaciones representativas del Sector Marítimo Nacional, insisten en la negativa de militarizar los puertos, el transporte marítimo y la Educación Náutica y, aseguran que, se moverán en todo el país en apoyo de la Acción de Inconstitucionalidad promovida por Senadores de la República, en contra de este “artero asalto” perpetrado por la Cuarta Transformación (4T) y los huestes incondicionales al presidente en el Congreso de la Unión.
Por medio de un documento, suscrito por los dirigentes de los organismos de gente del mar, aseguran estar listos para apoyar la impugnación al decreto publicado el 7 de diciembre del año 2020; que reforma diferentes leyes que transfieren todas las atribuciones en materia marítima y portuaria a la Secretaría de Marina-Armada de México.
“Los Marinos Mercantes somos categóricos al expresar públicamente nuestro apoyo a los valientes Senadores que demandan se respete la Constitución General de la República y se acoten las tareas de la Secretaría de Marina-Armada de México a su función constitucional. ¡No al control de los puertos, el transporte marítimo y la Educación Náutica por los militares! La reforma legal que se impugna, debilita a las organizaciones e instituciones civiles, y militariza funciones administrativas y mercantiles tendientes al establecimiento de una dictadura”, suscriben.
Lamentan la noción de que sólo los militares gozan de probidad institucional y son la respuesta a todo malestar nacional pues debilita las bases de nuestra democracia. Además, se niega la realidad nacional, en la que se ha evidenciado la ineficacia de la militarización para detener al crimen organizado y con ello, la inseguridad pública.
“Desde el inicio de la presente Administración federal, el protagonismo del Ejército y la Armada de México respecto de las instituciones civiles se ha posicionado de tal forma que, se ha convertido indebidamente en un instrumento central en la ejecución de las diferentes políticas públicas que no le corresponden, a pesar de la prohibición expresa establecida en nuestra Constitución”, manifiestan.
Inclusive, acusan de que se realizó un “artero asalto” por los militares valiéndose de las huestes incondicionales al presidente en el Poder Legislativo, y arrebatar facultades que le corresponden a instituciones civiles en la administración y conducción del sector marítimo-portuario, contenidas en: Ley de Navegación y Comercio Marítimos, Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y en la Ley de Puertos.
Será a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el pronunciamiento sobre la constitucionalidad y legalidad de las Fuerzas Armadas en actividades civiles. Ministros y ministras deben actuar con valentía y amor a México, con un posicionamiento claro y definitivo sobre la nefasta trascendencia que para la vida republicana tiene el Decreto que se impugna, confían.
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