Bernardo López
De una manera repentina, el Gobierno Federal se comenzó a preocupar por los servicios que ofrecen los Consultorios Anexos a Farmacias (CAF), pues -argumentan- existe una relación de explotación laboral entre los dueños de las farmacias y los médicos que brindan consulta.
El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell admitió, en la mañanera del pasado 16 de agosto, que el Gobierno no puede suprimir esos consultorios que “sólo buscan hacer negocio» y someten a sus médicos a “condiciones laborales precarias”, al extremo de convertirlos en “agentes de ventas de los medicamentos que se dan en la farmacia”.
El funcionario afirmó que los médicos que atienden en los CAF, son recién graduados, por lo tanto, les hace falta capacidades de formación, es decir, experiencia para tratar a un paciente, que se conjuga con la “presión” para recetar múltiples medicamentos, pues ese es el interés principal de las cadenas de farmacias.
Todos estos argumentos suenan muy familiares con la promoción de las inyecciones que se utilizan para “proteger” a las personas del SARS-CoV-2, pues aquellos gobernantes y funcionaros del Gobierno Federal que las favorecen también parecen agentes de ventas de estos productos.
En Colombia, y al menos dos países más, se filtraron los contratos de las farmacéuticas con respecto a la compra-venta de las inyecciones contra el coronavirus. En el documento se especifica que el producto se encontraba en la fase de ensayos clínicos, no como un medicamento terminado, por lo tanto, “el producto podría no tener éxito por motivos técnicos, clínicos, reglamentarios, de fabricación, despacho, almacenamiento u otros desafíos o fallas”.
También, en el contrato se condiciona a los países a usar esta inyección, a pesar de que existieran otros medicamentos o “vacunas” para prevenir, tratar o curar la infección por Covid-19; este chantaje se maquilla al catalogarlo de una “necesidad urgente”. ¿Por eso se demonizó a la Ivermectina?
Y lo más grave, el párrafo de “reconocimiento del comprador”, en donde se estipula que “el comprador reconoce que la vacuna y los materiales conexos y sus componentes y materiales constitutivos están siendo desarrollados rápidamente debido a la emergencia por la pandemia del Covid-19 y seguirán siendo estudiados con posterioridad al suministro de la vacuna al comprador según lo previsto en este acuerdo”.
“El comprador reconoce además que los efectos a largo plazo y la eficacia de la vacuna, no se conocen actualmente y, asimismo, que la vacuna podría tener efectos adversos actualmente desconocidos. Por otra parte, en la medida que resulte aplicable, el comprador reconoce que el Producto no será serializado”.
¿Por qué en México no se advirtió que estos experimentos -las inyecciones contra el Covid-19-podrían traer efectos adversos, a corto y largo plazo?
Entonces, ¿Los médicos de los Consultorios Anexos a Farmacias habrían tenido una labor más importante al recetar otro tipo de medicamentos para tratar el SARS CoV-2, que contradecía la propaganda en favor de las tecnologías experimentales contra el coronavirus? ¿Ese es el asunto que intentan controlar?
