Bernardo López
Causa extrañeza que una institución educativa con gran prestigio internacional como la UNAM permita que se violen derechos fundamentales y de protección de datos personales, al exigir a alumnos y maestros un comprobante de vacunación, con la amenaza de negarles el acceso a las instalaciones. Y nos referimos al comunicado que envió la Dirección de la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala, en el que indica que para realizar actividades presenciales “es requisito presentar el certificado de vacunación completo”.
Cómo puede ser posible que una institución que se dedica a la investigación, a la ciencia y a la medicina no esté al tanto de los efectos negativos de la inyección con tecnología de ARNm, además que no se haya embarcado en la investigación del SARS-CoV-2. Y, por si fuera poco, pretenda atentar contra los derechos humanos.
En esta Facultad se olvidaron de los principios de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues en el artículo 1, párrafo 5 dice: “Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”. La Carta Magna también mandata en el artículo 6, fracción II, que “la información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes”.
De acuerdo a las leyes federales, las personas no están obligadas a entregar datos personales sensibles, como lo señala el artículo 27 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, de igual forma, en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dice que se requiere un consentimiento expreso del titular de la información para la obtención de esta.
Es importante que las personas defiendan sus derechos ante los intentos de abusos de servidores públicos con aires de autoritarismo y dogmatismo. Existen varios mecanismos que pueden utilizarse para tal defensa, como el que ofrece el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), que cuenta con un apartado de orientación y de denuncia.
También la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene facultades para defender a las personas contra este tipo de arbitrariedades. Además, se cuentan con los Juzgados de Tutela de Derechos Humanos, los cuales tienen la obligación de brindar protección inmediata al realizarse la denuncia.
