Rafael H. Rivera Puebla
Todos los mercados públicos de la Ciudad de México, al igual que los establecimientos mercantiles y los edificios públicos, están obligados a la presentación de su PIPC.
A pesar de esto último, una gran mayoría de ellos no han podido generar las condiciones de seguridad ni los mecanismos de prevención necesarios para integrar de manera satisfactoria su PIPC.
Mucho tiene que ver con el deterioro que tienen en sus instalaciones, aunque de la mano de SEDECO y de algunas Alcaldías, se ha trabajado en la reconstrucción de estos espacios de comercio; las precarias condiciones en sus instalaciones eléctricas y el pobre mantenimiento de sus instalaciones de gas, elevan el grado de riesgo a los locatarios y usuarios.
Uno de los aspectos fundamentales se centra ya no en determinar los responsables del mantenimiento de los mercados, si no en buscar una solución que no se antoja fácil, por la cantidad de actores que intervienen en este proceso.
Dentro de los 329 mercados que hay en la Ciudad de México, hay que tener en cuenta que están incluidos los grandes centros de abasto como La Merced, Mercado de Sonora y Jamaica, entre otros.
Es de esperar que en esta administración, se le encuentre una solución, en la que intervenga el Gobierno Central, Alcaldías y Congreso de la Ciudad de México, este último con algo más que exhortos para el cumplimiento de la normatividad, si no con apoyos legislativos para ello.
Más que establecer tiempos fatales para la integración de los PIPC de los mercados, sería importante avanzar de manera sostenida, pero lo más importante con los recursos necesarios, no solo económicos, si no humanos y materiales para generar condiciones de seguridad y prevención en los mercados públicos.
