Bernardo López
El presidente Obrador se la ha pasado enarbolando una presunta “austeridad republicana”, sin embargo, si se trata de promocionar su imagen no importan los recursos que se tengan que destinar, siempre y cuando se cumpla la máxima de rendir tributo a su persona.
De acuerdo con Lorenzo Córdova a su última estimación, el Instituto Nacional Electoral destinará mil 692.5 millones de pesos -dinero de los mexicanos- en el proceso de consulta para “destituir” al presidente de la República, luego de que llegaran a un acuerdo los consejeros para realizar ahorros y poder llevar a cabo este proceso participativo.
La contradicción en esta convocatoria es que nadie está pidiendo la revocación y tampoco la ciudadanía ha manifestado una masiva inconformidad, pues a pesar de todos los yerros de la actual administración, el presidente se mantiene con una preferencia de 60 por ciento, de acuerdo a las últimas encuestas.
El llamado a destituir a quien detenta el poder ejecutivo se origina cuando los ciudadanos están molestos y cansados de las acciones de gobierno, y de manera espontánea se organizan para hacer la solicitud. El artículo 5 de la Ley Federal de Revocación de Mandato explica que “el proceso de revocación de mandato es el instrumento de participación solicitado por la ciudadanía para determinar la conclusión anticipada en el desempeño del cargo de la persona titular de la Presidencia de la República, a partir de la pérdida de la confianza”.
Hasta este momento únicamente los simpatizantes del presidente Obrador, de la 4T y de Morena son los que trabajaron para recolectar las firmas para hacer el llamado, y son ellos quienes van a acudir a votar, porque desde la oposición ni un grupo de ciudadanos inconformes tienen las ansías de participar.
Y no solamente hablamos de dinero, también de recursos humanos, pues varias instituciones legislativas se han abocado a participar en este evento, a pesar de que no les corresponde, porque su trabajo es hacer leyes, no andar promoviendo un proceso de consulta.
Y desde el Senado se intentó hacer una maniobra con un decreto de propaganda gubernamental, para permitir a los servidores públicos promover la revocación de mandato. Afortunadamente, la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que el decreto que permite a servidores públicos difundir propaganda tiene vigencia, pero no se puede aplicar para la revocación de mandato y para los procesos electorales en marcha. De esta manera se salvan algunos recursos de ser derrochados por el capricho del presidente.
