Fernando Moctezuma Ojeda – @FerMoctezumaO
El relevo en el Poder Ejecutivo de Sinaloa prometía inaugurar una etapa de deslinde institucional tras la convulsa salida de Rubén Rocha Moya. Sin embargo, las decisiones operativas dentro de Palacio de Gobierno sugieren una dinámica más compleja: la reestructuración del gabinete anunciada por la gobernadora interina Graciela Domínguez Nava parece ser, más que un borrón y cuenta nueva, una reconfiguración pensada para administrar equilibrios internos. La paradoja salta a la vista: se remueve a mandos secundarios para proyectar autonomía, mientras el núcleo duro del «rochismo» preserva las posiciones de mayor peso político en la entidad.
Los movimientos confirmados contemplaron la salida de funcionarios alineados desde 2021 con la administración previa, como los titulares en Administración y Finanzas, Obras Públicas y el instituto de infraestructura educativa. No obstante, la columna vertebral de la gobernabilidad sigue intacta. La permanencia de Yeraldine Bonilla Valverde en la Secretaría General de Gobierno —quien ocupó la gubernatura interina de mayo a agosto y ha transitado por áreas estratégicas de seguridad— confirma que el grupo político del exmandatario retiene una pieza fundamental en la articulación territorial. A ello se suma la continuidad de figuras en Pesca, Asesores y Obras Públicas, consolidando una presencia que trasciende el cambio de titular en el Ejecutivo.
Lo que no queda claro es el alcance real del discurso de renovada institucionalidad frente a los datos del reacomodo. Mientras desde la capital sinaloense se intenta enviar una señal de orden y distancia, el organigrama oficial cuenta otra historia. El momento genera suspicacias legítimas: la permanencia de la estructura rochista en la Secretaría General no resulta menor en un estado donde el control de la agenda interna determina la relación con los municipios. ¿Estamos ante un verdadero viraje en la conducción del estado o frente a un diseño administrativo ajustado para contener las grietas del partido oficial?
El escenario admite distintas lecturas. Por un lado, analistas sugieren que Domínguez Nava ha optado por una transición pragmática para evitar una parálisis operativa o un enfrentamiento abierto con las corrientes que impulsaron el proyecto en 2021. Por otro lado, la supervivencia de este grupo responde, según fuentes políticas, a una estrategia deliberada para conservar margen de maniobra en la negociación de candidaturas municipales rumbo a 2027, particularmente en plazas clave como Culiacán, Mazatlán y Los Mochis. La pregunta es si un grupo políticamente desgastado, tras la fallida intentona de retorno de Rocha Moya y con la designación de Imelda Castro como coordinadora estatal respaldada por Palacio Nacional, mantiene el peso suficiente para condicionar el futuro electoral de la entidad.
Las implicaciones de esta convivencia forzada trascienden el reparto de cuotas en el gabinete. Mantener en la articulación política a perfiles identificados con una etapa marcada por la inestabilidad y las investigaciones federales coloca al gobierno estatal en una posición vulnerable. La pugna soterrada entre la coordinación estatal alineada con el centro y la burocracia local interesada en preservar feudos municipales amenaza con trasladar la contienda interna a la gestión diaria. Cuando la política interna se enfoca en la autoconservación de los grupos de poder, la efectividad gubernamental en áreas prioritarias pasa inevitablemente a un segundo plano.
Sinaloa requiere certidumbre, reglas claras y una conducción institucional alejada de las ataduras del pasado reciente. Graciela Domínguez Nava enfrenta el dilema de gobernar con un equipo propio o administrar un legado ajeno para mantener la paz partidista. Porque cuando las reformas en el gabinete cambian los nombres pero dejan intacta la estructura de mando, el deslinde deja de ser una estrategia política y se convierte en una simulación. Y en política, administrar el pasado rara vez sirve para garantizar el futuro.
APUNTES CLAVE:
COALICIÓN: Noemí Luna Ayala, diputada federal del PAN, afirmó que la mayoría de la militancia panista en Zacatecas estaría abierta a competir en coalición rumbo a 2027, siempre que existan acuerdos sobre propuestas e ideas. También señaló que la inseguridad y las extorsiones son las principales preocupaciones de la ciudadanía. La legisladora consideró que Zacatecas enfrenta una elección complicada en 2027 y llamó a fortalecer la participación ciudadana. También cuestionó la política económica del gobierno federal, el apoyo a Pemex y pidió que los programas sociales sean medibles y auditables.
//SEGURIDAD: Rubén Moreira, diputado federal del PRI, cuestionó el proyecto de presupuesto 2027 por reducir recursos para policías, fiscalías y juzgados. Señaló que estas instituciones necesitan mayor inversión para investigar delitos, proteger a la población y garantizar justicia. Especialistas que participaron en el análisis señalaron reducciones reales en los recursos para el Poder Judicial, la FGR y fondos destinados a las policías estatales y municipales.
//CRECIMIENTO: El FMI redujo su pronóstico de crecimiento para México a 1.5% en 2026 y 1.8% en 2027, debido a factores externos como la revisión del T-MEC y la incertidumbre internacional. El organismo también advirtió sobre el aumento de la deuda pública y pidió fortalecer la consolidación fiscal. Además, señaló que la inflación subyacente mantiene presiones y que la economía necesita mayor certeza regulatoria e inversión privada para elevar su crecimiento potencial.
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