· La violencia contra la prensa alcanzó en 2025 un punto crítico que retrata el deterioro global de la libertad de expresión
· El dato, por sí solo, resulta devastador; pero es aún más alarmante cuando se observa que seis de esos casos se registraron en México
María Escalante García
La violencia contra la prensa alcanzó en 2025 un punto crítico que retrata el deterioro global de la libertad de expresión. De acuerdo con el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), 129 periodistas y trabajadores de medios fueron asesinados durante el año, la cifra más alta desde que el organismo comenzó a documentar estos crímenes en 1992. El dato, por sí solo, resulta devastador; pero es aún más alarmante cuando se observa que seis de esos casos se registraron en México.
Lejos de ser una estadística más, el informe exhibe un retroceso profundo en las garantías para ejercer el periodismo. El hecho de que 2025 haya superado todos los registros previos en más de tres décadas evidencia un entorno cada vez más hostil, donde informar puede costar la vida. La falta de protección efectiva, la debilidad institucional y la impunidad estructural continúan alimentando esta espiral de violencia.
En el caso mexicano, los seis asesinatos vuelven a colocar al país entre los más peligrosos para ejercer la labor periodística. A pesar de los discursos oficiales y de la existencia de mecanismos de protección, la realidad demuestra que estos instrumentos no han sido suficientes para frenar las agresiones. La impunidad, que en muchos casos supera el 90 por ciento, envía un mensaje devastador: silenciar periodistas no tiene consecuencias.
Cada uno de los 129 asesinatos representa mucho más que una cifra en un informe. Son investigaciones truncadas, denuncias que quedaron a medias y comunidades privadas de información esencial. Cuando un periodista es asesinado, no solo se elimina una voz; se intimida a toda una profesión y se debilita el derecho ciudadano a saber.
El récord histórico de 2025 no debería interpretarse como un simple dato estadístico, sino como una alerta roja internacional. Si los Estados no fortalecen de manera urgente la prevención, la investigación y la sanción de estos crímenes, la libertad de prensa seguirá erosionándose, y con ella, la calidad de las democracias. El costo de la indiferencia no lo pagan solo los periodistas; lo paga toda la sociedad.
Gaza
Según un informe de la CPJ, 86 de las muertes, más de dos tercios del total, ocurrieron en la guerra de Israel en Gaza, y la mayoría de las víctimas fueron periodistas palestinos.
El informe subraya que 2025 fue el segundo año consecutivo con un récord de muertes de prensa en todo el mundo, y la directora ejecutiva de la organización, Jodie Ginsberg, advirtió en un comunicado de que los ataques contra periodistas “son un indicador de la vulneración de otras libertades”.
Además, pidió “actuar para prevenir estos asesinatos y castigar a los responsables”.
Según el informe, más de tres cuartas partes de las muertes se produjeron en entornos de conflicto. En Ucrania, cuatro periodistas fueron asesinados, mientras que en Sudán se registraron nueve muertes, cifras que representan un aumento respecto a 2024 pero que siguen siendo bajas en comparación con Israel y Gaza.
El informe también destacó un aumento del uso de drones como arma letal contra periodistas, con 39 casos documentados. De estos, 28 correspondieron a ataques en Gaza por parte del ejército israelí, cinco a las Fuerzas de Apoyo Rápido en Sudán, uno a un ataque turco en Irak y cuatro en Ucrania por drones militares rusos, la cifra anual más alta desde el inicio de la guerra.
Asesinatos deliberados y con impunidad
Asimismo, el CPJ documentó 47 “asesinatos deliberados” de periodistas vinculados directamente con su labor informativa, el mayor número de los últimos diez años.
Agregó que en ninguno de los casos se ha responsabilizado a nadie, lo que refleja “una persistente cultura de impunidad”.
La organización destacó que la falta de justicia favorece nuevos ataques, incluso en países que no están en guerra.
Protección “insuficiente” en México
En México, al menos seis periodistas fueron asesinados, a pesar de contar con un mecanismo federal de protección que ha demostrado “ser insuficiente”, recoge el informe, con al menos un periodista muerto cada año durante la última década.
En Filipinas, tres periodistas fueron abatidos a tiros, de los cuales solo uno ha derivado en un detenido.
El informe también documenta ataques contra periodistas que investigan corrupción y crimen organizado en Asia y América Latina.
En regímenes autoritarios, se continuó castigando a la prensa con la muerte. Un ejemplo es el de Arabia Saudí, donde el columnista Turki al-Jasser fue ejecutado tras siete años en prisión.
El CPJ pidió a los gobiernos una reforma profunda en la investigación de los asesinatos de periodistas, incluyendo la creación de un grupo internacional de investigación y la imposición de sanciones “para garantizar justicia y proteger a los profesionales de la prensa”.
La organización enfatizó que la seguridad de los periodistas es “clave para el acceso a información veraz” y para la defensa de las libertades fundamentales.
Cuando un periodista trabaja bajo amenaza, vigilancia o riesgo constante, no solo se pone en peligro su integridad física, sino también el derecho de la ciudadanía a estar informada. Sin condiciones mínimas de seguridad, investigar casos de corrupción, documentar abusos de poder o cubrir conflictos se convierte en una actividad de alto riesgo que muchos optan por evitar. El resultado es el silencio, la autocensura y la opacidad.
La organización advierte que el deterioro de la seguridad para la prensa tiene efectos directos en la calidad de la información que circula en el espacio público. Donde hay miedo, hay menos preguntas incómodas; donde hay impunidad, hay menos rendición de cuentas. La violencia contra periodistas termina debilitando instituciones, erosionando la confianza social y facilitando la propagación de la desinformación.
Además, la protección de la prensa está estrechamente vinculada con libertades fundamentales como la libertad de expresión y el derecho a la información. Si el Estado no garantiza la integridad de quienes informan, incumple su obligación de salvaguardar derechos básicos reconocidos en estándares internacionales.
La advertencia es clara: sin periodistas seguros, no hay información confiable; sin información confiable, la democracia se vacía de contenido. Defender la seguridad de la prensa no es un acto corporativo, es una defensa directa del derecho de la sociedad a conocer la verdad.
