- Gobernador es de alto riesgo para 4T; no está ni estará libre
Miguel A. Rocha Valencia
Pasaron dos años del asesinato del diputado Héctor Melesio Cuén Ojeda en la finca Huertos del Pedregal donde se reuniría con el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López el 25 de julio de 2024.
De esa reunión, resultó muerto el diputado y exrector de la UAS, el secuestro de Ismael Zambada García y posterior entrega a autoridades estadunidenses en un aeropuerto texano donde también se rindió el hijo de El Chapo Guzmán.
A pesar de que se trató de un “asuntote”, no hay detenidos ni personas sujetas a investigación, máxime que Sara Bruna Quiñónez Estrada, la exfiscal de Sinaloa quien avaló el montaje de que Cuén Ojeda fue asesinado en un asalto en una gasolinera, ni siquiera fue objeto de una investigación por parte de la FGR. Tras su renuncia a la dependencia, vive tranquilamente de “sus rentas”, aunque se afirma, sigue cobrando un salario en el gobierno sinaloense.
Lo mismo sucede con Rubén Rocha Moya y el senador Enrique Inzunza Cázarez catalogado como agresor sexual y cómplice de las alianzas criminales del “señor gobernador” con el cártel de Sinaloa.
Es decir, pese a flagrancia de delitos, mentiras comprobadas, montajes de la autoridad ministerial para disfrazar un homicidio y falsedad en declaraciones de “todos” incluyendo gobernador, senador y fiscal, no hay indagatoria, interrogatorio ni siquiera el inicio de una carpeta de investigación.
Y quien seguramente daría luces en la trama, sería el general Gerardo Mérida Sánchez recomendado de Audomaro Martínez Zapata, jefe del Centro Nacional de Inteligencia del profeta de la 4T, es decir el que sabía y sabe todo de todos.
Mérida Sánchez no se olvide también es especialista en Inteligencia y de ello da cuenta su paso por las secciones dos, tres y cuatro del estado Mayor de la secretaría de la Defensa Nacional. Por eso la mala noticia para la 4T es que se entregó a las autoridades de justicia estadunidenses.
De la fiscal que avaló el montaje del asalto y muerte a Cuen en la gasolinera, no hay nada, no se le responsabilizó de nada, no hay indagatoria ni siquiera por su responsabilidad al estar al frente de las investigaciones por el homicidio pese a que fueron atraídas por la Fiscalía general de la República la que a su vez, no presenta ningún avance y menos aún responsable alguno detenido.
Sara BrunaQuiñonez Estrada renunció “voluntariamente” a su cargo el 16 de agosto de 2024 tras las revelaciones de la FGR que aún encabezada por Alejandro Gertz Manero, de que todo fue un montaje. Actualmente la exfiscal se encuentra retirada de la función pública en el estado de Sinaloa, sin que hasta el momento enfrente una aprehensión o proceso penal público en la cárcel.
Pero como dicen en palacio Nacional, no hay pruebas de nada a pesar de ser el caso más sonado en materia de seguridad ya que involucró el secuestro y entrega del capo “más buscado”, Ismael Zambada García contra el cual, según la señora fiscal, Ernestina Godoy existen al menos 32 órdenes de captura en México por diversos delitos, pero no pudieron dar con él.
No fueron capaces de preguntarle al gobernador en funciones dónde se encontraba el delincuente, o si al menos le estaban dando seguimiento. Como si no supiera nada de la operación criminal y política de El Mayo quien se reunía incluso con periodistas de renombre y presumía que él no se iba a entregar nunca.
Total que, en este caso que involucra secuestro, asesinato, montajes, mentiras y traiciones no hay detenidos ni avances en las investigaciones, aunque saltan revelaciones increíbles como el hecho de que la Fiscalía general de la República tuvo en sus manos al piloto que tripuló el avión en que se llevaron a El Mayo y lo entregaron sin mayor trámite a la justicia estadunidense.
Tal vez por eso, en la parte que le toca, la familia de Héctor Melesio Cuén y el partido Sinaloense denuncian que a dos años de los hechos no hay personas detenidas ni responsables procesados por el crimen material o intelectual del diputado como tampoco del secuestro y entrega de El Mayo.
Qué interesante sobre todo porque a pesar de las imputaciones directas a Rocha Moya, no “hay pruebas” para al menos llamarlo a declarar; por el contrario, las preguntas que se le hicieron en torno al caso, se “embargaron” cinco años por seguridad nacional. Ni hablar nada apunta a complicidades en la 4T sino a una simple ineficiencia investigativa y procesal.
No seamos mal pensados pero el hecho es que, esté como esté, Rocha Moya no está libre.