- Ignorantes jueces del acordeón examinan a quienes sí son de carrera judicial
Miguel A. Rocha Valencia
Ahora resulta que quienes llegaron a jueces y magistrados por la vía del acordeón van a evaluar a quienes toda su vida profesional la dedicaron al servicio del Poder Judicial y luego vendrán los despidos “justificados” por “incapacidad para ocupar el cargo”.
Esto es algo realmente para dar risa, pues resulta que los insaculados por la 4T y cuya capacidad resultó mediocre y su corrupción mayor a los de “antes” van a examinar a quienes hacen realmente el trabajo, a aquellos quienes realmente hacen el trabajo en los juzgados.
Es de risa porque a los jueces del nuevo Poder Judicial no se les examinó, bastaron cartas de recomendación, pasar el filtro impuesto por la 4T y participar en la elección organizada por la morenista víctima de la corrupción neoliberal, Guadalupe Taddei Zavala, quien, además, a la cabeza del INE, justificó el uso de los acordeones fabricados precisamente por el oficialismo como el mejor y más democrático medio de orientar la selección de jueces, magistrados y ministros.
Con ello dijeron, no sólo terminaría la mediocridad y corrupción que, según la 4T, su mesías había en el Poder Judicial, simplemente por el hecho de que no se impondría la meritocracia, el conocimiento de la cosa jurídica, sino la voluntad de un pueblo conocedor que, de esa forma, seleccionaría a sus juzgadores más destacados.
Y qué mejor manera de inducir a esa selección de justicieros personajes a quienes la 4T transmitió su ADN de corrupción y mediocridad, misma que nos hacen el favor de exhibir como ejemplo en la Suprema Corte de Justicia con la inenarrable ministra del pueblo, Lenia Batres, y sus sainetes de ignorancia, intolerancia e ignorancia jurídica y sus procedimientos.
Es tanta la eficacia y conocimiento de la señora ministra que “sólo” tiene a su servicio una plantilla de 95 empleados y de ellos, al menos 15 son sus asesores, que son tan de su nivel que no hay día en el cual no se exhiba.
Pero eso sí, el agradecimiento por los cargos recibidos es notable entre esos jueces, ministros y magistrados que navegan en el mismo sentido de la 4T; en las mañaneras se les dicta consigna, lo mismo que en la FGR o en Gobernación. Por eso ninguna averiguación ni proceso hay contra los cuatroteros (justicia y gracia), mientras que a los críticos o señalados por Palacio se les aplica justicia, aunque no sea la legal.
Muestra de ello es la jueza Mariana Vieyra Valdés, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México (con residencia en Almoloya de Juárez), quien, dócil y agradecida por el cargo, arremetió con “todo el peso ilegal de la ley” por el tema del huachicol contra Ernesto Ruffo Appel, los hermanos Farías Laguna y hasta la exjuzgadora Martha Eugenia Magaña López sufrió las consecuencias por haber otorgado en agosto de 2024 una suspensión provisional que buscaba frenar el proceso legislativo de la reforma judicial.
Al cabo de su eficiente desempeño, la juzgadora Vieyra Valdés decidió presentar su renuncia, curiosamente luego de trascender que en el expediente con que “clavó” a los hermanos Farías Laguna en el tema del huachicol se menciona a los impolutos tabasqueños Adán Augusto López Hernández y a los tres hijos del prócer de la cuarta transformación.
Empero, la destrucción del Poder Judicial no es suficiente, la revancha del mesías tropical no va a dejar piedra sobre piedra y, para que la estructura del personal de juzgados no exhiba la incompetencia de los jueces del acordeón titulares, hay que removerla, extinguirla o por lo menos someterla a la mediocridad.
Por lo tanto, esos competentes juristas e impartidores de justicia decidieron aplicar primero un examen de evaluación a las estructuras de los juzgados, desde los secretarios de acuerdos hasta proyectistas, notificadores, archivistas y hasta los corruptos encargados del aseo. Así se sabrá si son competentes para el cargo o si se les debe capacitar o, de preferencia, correr.
A cambio de ellos, las plazas serían ocupadas por personal que reúna los perfiles exigidos por la nueva casta impartidora de justicia al estilo de la 4T que impida filtraciones y desvíos a los dictados de su majestad de Palacio Nacional.
Eso ya lo detectaron los trabajadores de lo que queda del Poder Judicial y, por lo pronto, cerraron las cinco sedes principales de juzgados.
