- Se dicen preocupados por deuda y al otro día que todo está bajo control
Miguel A. Rocha Valencia
No sabemos si a don Edgar Abraham Amador Zamora le jalaron las orejas o simplemente cambió de opinión ante los 50 de 500 diputados que ¿escucharon? Sus explicaciones acerca de cómo va el país en materia económico-financiera, ya que un día antes dijo que efectivamente había preocupación por la evolución de la deuda externa que podría acumular 4.2 billones de pesos más este sexenio y luego dijo que todo estaba bajo control, incluyendo el pago de intereses que se pueden ir hasta el billón y medio de pesos anuales.
Está bien, es de sabios, obedientes o leales, rectificar dichos, sobre todo cuando la dirigencia de la mayoría en San Lázaro comenta que, de no hacerse algo urgentote, los derechos sociales se podrían quedar como meras intenciones constitucionales por la ausencia de dinero presupuestal.
Y es que el solo hecho de que el titular de Hacienda y el subjefe de la bancada guinda, Alfonso Ramírez Cuéllar (de los pocos rescatables por su honestidad), comenten que la deuda succiona recursos fiscales casi al nivel que las pensiones y programas sociales, provocando con ello la falta de dinero para fomentar el crecimiento, da cuenta de que el problema de las finanzas públicas es tan grave que ya no se puede ocultar.
Para colmo, no hay mucho a dónde recurrir, porque el aumento a impuestos está causando problemas, lo mismo que recortes a diversas áreas como los servicios y seguridad, aéreos, salud y educativos, entre otros.
Lo más grave, dicen los analistas, no es solo el caudal de dinero que se va a programas sociales que no tienen estructuras de medición de resultados y el cada vez más voluminoso pago de intereses por el servicio de la deuda, sino que no se encuentran formas de aumentar los ingresos tributarios y que se asumen políticas que inhiben la inversión, la formalidad y el empleo, exprimiendo a los causantes cautivos o usuarios de servicios. Un ejemplo simple es la caída de ingresos aeroportuarios por el encarecimiento del TUA, cobros por ingreso de extranjeros y operaciones aéreas. Eso provoca cancelaciones de rutas como a Tulum.
La obligatoriedad de pagar aumentos salariales sin base a productividad propicia que empresas o unidades económicas se vayan a la informalidad y, con ello, se lleven a sus trabajadores, con lo cual caen ingresos como el ISR y el pago de prestaciones sociales. En suma, menos ingresos fiscales.
Para colmo, hasta Pemex está para llorar, ya que, de acuerdo con las estadísticas operativas de la empresa que pomposamente se denomina “productiva del Estado”, cayó en producción, exportaciones y en ingresos.
Pasó de 500 mil barriles diarios exportados en agosto de 2025 a solo 275 mil barriles en el mismo periodo de este año, es decir, alrededor de 225 mil barriles diarios menos, lo cual provocó una caída del 34.28 por ciento en los ingresos, al pasar de 953 a solo 626 millones de dólares, es decir, 327 millones de dólares menos.
Total que la petrolera a la que se han canalizado más de un billón 200 mil millones de recursos fiscales, más descuentos en pago de impuestos, está en niveles históricamente bajos, incluso en la producción de crudos, que se ubicaron en agosto en un millón 336 mil barriles por día.
En agosto de 2026, Pemex registró su menor nivel histórico de producción de petróleo crudo, con un promedio de 1 millón 336 mil barriles diarios, que dan una caída anual del 2.7 por ciento.
Todo esto significa que la empresa orgullosamente elevada a niveles de intocable deja de aportar impuestos derivados de la venta y se le debe continuar inyectando recursos fiscales para solventar no solo su mantenimiento, sino también pagar sus obligaciones de deuda, hecho este último que, además de prender alertas entre las calificadoras, resta recursos a la administración pública federal para invertir incluso en la misma petrolera. Porque inversión no hay.
Ahora bien, no solo, como dice Ramírez Cuéllar, es hacer algo en materia fiscal, sino también en atraer la confianza de los inversionistas, quienes ven el mayor obstáculo en el sistema de partido único, con el poder sin freno institucional, y un sistema de justicia controlado a “capricho” del centro. Recordemos que no solo es el tema de la reforma al poder Judicial, sino también la cancelación de instituciones “autónomas” como la Comisión de Energía y de Competencia, que fungían como árbitros y cuyas funciones ya están en manos del Ejecutivo, que de esa forma se convirtió en juez y parte.
Sí, urge dinero fresco, frenar el déficit fiscal, la deuda y el gasto en lo que no es productivo financiera o socialmente. Es decir, actuar con responsabilidad financiera.