Enrique Escobedo
Recuerdo que hace muchos años leí el libro de Aurora Arnaiz Amigo intitulado “Soberanía y potestad”. Eran dos tomos. El primero aludía a la soberanía del pueblo y el segundo a la potestad del Estado. La tesis de la soberanía como una responsabilidad popular ha evolucionado y hoy entendemos que dichas concepciones se han ampliado para nuestra fortuna en nuevas formas y mecanismos de participación social. Por su parte, la potestad el Estado también ha avanzado debido a la dialéctica de la política y el ejercicio de la realpolitik. Son dos categorías de análisis político y de práctica cotidiana inseparables e indivisibles debido a su interdependencia funcional.
Soberanía y potestad son dos elementos fundamentales en el arte del buen gobierno, pues definen y redefinen permanentemente, mediante la democracia representativa la toma de decisiones políticas, jurídicas, económicas y administrativas. Lo cual nos debe conducir al empoderamiento de la sociedad y consecuentemente vivir al amparo del Estado de Derecho y el bienestar permanente.
La idea de que la soberanía reside esencialmente en el pueblo es relativamente reciente, pues hoy alude a la libertad, la independencia de las naciones y a la idea de que la autoridad suprema se manifiesta en la decisión popular acerca de quién debe gobernar y bajo qué tipo de régimen. Antes, el soberano era el rey, pues el ejercicio de su poder se hacía explicito en el derecho consuetudinario o no escrito debido a que su base era la tradición y la interpretación de la costumbre subjetiva y personal.
Por su parte, la idea de la potestad del Estado se refiere al conjunto de facultades y atribuciones explicitas del Derecho Positivo o escrito y que sujeta a las personas servidoras públicas al apego irrestricto al debido proceso. De ahí que la potestad es el ejercicio de la libertad y del poder en un gobierno organizado. Léase, son las decisiones vinculantes que corresponsabilizan a los actores en el ejercicio de las políticas públicas. Por eso la potestad del Estado se materializa en que posee el monopolio del ejercicio de la violencia, en la conducción de la sociedad y en la imposición, nos guste o no, de vigilar y castigar.
Los atributos potestativos del Estado se sustentan en el ejercicio legal y legítimo del poder. Consecuentemente la vida de un Estado está ineludiblemente atada a la forma de gobierno y su Administración pública. De ahí que la soberanía popular necesita de la potestad racional del Estado y la potestad del Estado necesita, a la vez, de la interpretación de los sentimientos de la nación.
Empero hoy pareciera que la soberanía popular está divorciada de la potestad del Estado, pues las decisiones de la gestión Sheinbaum se singularizan por decir algo y hacer lo contrario. Esgrime a los cuatro vientos que México es una nación soberna, pero sus decisiones las pliega a los caprichos norteamericanos. Recurre a la imagen de la patria como una mujer morena que por cierto obstruye la visión del escudo nacional, pero no fortalece a la sociedad civil. Nos dice que México es una nación libre, pero solapa a los gobernadores de Morena que reprimen y censuran a los periodistas. En pocas palabras, nuestra soberanía fue relegada a un régimen que no reconoce la división de poderes, que niega el necesario fortalecimiento del federalismo y que solapa a servidores públicos corruptos bajo el manto de Morena. El gobiernito actual habla de soberanía, pero su potestad es de obediencia a un solo hombre.
