José Sánchez López
A finales de mayo de 1984, la tarde del miércoles 30, el columnista
más poderoso de la época, Manuel Buendía Téllezgirón, autor de la
columna “Red Privada”, publicada en medios nacionales e
internacionales, de obligada consulta para los políticos en turno,
salió de sus oficinas sitas en el número 58 de Insurgentes Centro, en
plena Zona Rosa la Ciudad de México, y se dirigió al estacionamiento
por su coche.
Era una tarde lluviosa y empezaba a oscurecer. Nada presagiaba el
trágico final del periodista, temido y respetado por políticos y
funcionarios de alto nivel.
Sigilosamente, un individuo delgado, de tez morena, con el pelo a rape
oculto por una gorra y calzando tenia, corrió presuroso hasta darle
alcance al influyente comunicador y ya junto a él sacó su arma y
disparó varias veces.
Cinco impactos, a quemarropa, recibió en la espalda la víctima al
tiempo que su gabardina, que gustaba echarse sobre los hombros a
manera de capote, caía junto con él en un enorme charco de sangre.
Su muerte fue instantánea.
Consumado el crimen, el asesino huyó sobre la avenida Insurgentes, una
de las más importantes vóas de la Ciudad Capital, supuestaamente
vigilada por policías y militares por las personalidades que solían
acudir a los restaurantes del lugar no sólo para comer sino para
arreglar sus asuntos.
No hubo ningún problema para que el gatillero llegara hasta su
motocicleta, dejada a escasos metros y huyera velozmente, aunque no
lejos, Fue a refugiarse a las instalaciones de la Dirección Federal de
Seguridad (DFS), la policía política de aquél entonces, situadas a
unas cuantas calles de ahí.
Había sido un crimen como tantos otros que se registran cotidianamente
y cuya competencia correspondía a las autoridades locales.
Sin embargo, por órdenes de Manuel Bartlett Díaz, entonces secretario
de Gobernación y actual director de la Comisión Federal de
Electricidad, quien acudió rápida y personalmente a tomar conocimiento
de los hechos fue José Antonio Zorrilla Pérez, director de dicha
corporación, con sus principales comandantes.
No sólo tomó el control de la escena del crimen, sino que junto con
sus hombres se dirigieron a las oficinas de Manuel Buendía de dónde
sacaron decenas de expedientes y documentos con información que nunca
fue dada a conocer.
Las declaraciones y promesas fueron las de siempre: llegaremos hasta
el fondo, caiga quien caiga, no habrá impunidad, bla, Bla, bla.
No obstante tuvieron que transcurrir 5 años y 30 días después, ya en
la gestión como presidente de Carlos Salinas de Gortari, para que el
fiscal especial Miguel Ángel García Domínguez diera a conocer a los
presuntos responsables: José Antonio Zorrilla Pérez, ex director de la
DFS, y los comandantes federales Juventino Prado Hurtado, Raúl Pérez
“El Diablo” Carmona y Sofía Naya Suárez, “La Güera” como autores
intelectuales
Las autoridades determinaron también que quién había jalado el
gatillo, fue el agente de la DFS Juan Rafael Moro Ávila, “El Sérpico
Mexicano”; sobrino-nieto del ex presidente Manuel Ávila Camacho, un
policía de élite, piloto aviador, campeón nacional en judo, karate,
motociclista; stuntman, actor de telenovelas y de cine, además de
rockero e integrante del grupo Asociación Delictuosa.
Posteriormente se dijo que él no había sido el autor material, que en
realidad, Ávila Moro no había sido el victimario, sino quien manejó la
motocicleta en la que el responsable directo de la ejecución escapó.
Se dijo que el verdadero asesino había sido José Luis Ochoa Alonso,
“El Chocorrol”, pero éste fue callado a balazos mientras hablaba por
teléfono desde una cabina y ya no alcanzó a contar su versión.
Pero hubo más muertes además de la del “Chocorrol”, la de José Luis
Esqueda Gutiérrez, ex funcionario de la Secretaría de Gobernación,
quien investigaba casos de corrupción; Jorge Guillermo Hernández
Velasco, quien grababa conversaciones para Zorrilla y Abel Cuevas
Urióstegui, ex policía que acompañaba a investigadores en el caso del
crimen de Hernández Velasco.
Aún con todas las vicisitudes el caso se dio por cerrado y los
culpables juzgados.
El 18 de febrero de 2009, luego de permanecer casi 20 años en prisión
Rafael Moro Ávila Camacho, fue liberado.
Esa resolución repercutió en los demás implicados y paulatinamente
fueron recobrando su libertad.
Zorrilla Pérez fue sentenciado a 35 años de prisión y el 11 de
septiembre de 2013, la juez de ejecución de sanciones penales Belém
Bolaños, le concedió la prisión domiciliaria debido a su precario
estado de salud, por lo que deberá purgar lo que resta de su sentencia
en su casa.
En torno al móvil del crimen se llegaron a manejar 298 hipótesis y 56
posibles autores, materiales e intelectuales, aunque se ha dicho,
reiteradamente, que, en el caso de José Antonio Zorrilla Pérez, fue
solamente el “chivo expiatorio” para proteger a los verdaderos
culpables.
Una de las principales versiones fue que el columnista tenía en su
poder información que vinculaba al Ejército y a altos funcionarios del
gobierno federal con el narcotráfico, y que la daría a conocer en su
famosa columna Red Privada.
No dejó de ser una de tantas hipótesis por lo que ningún elemento del
Ejército fue llamado a comparecer ante las autoridades.
Se dijo que el entonces titular de la Dirección Federal de Seguridad,
mantenía vínculos con los narcotraficantes Rafael Caro Quintero y
Ernesto Fonseca Carrillo y como lo iba a dar a conocer el columnista,
ordenó que lo mataran.
Quince días antes del asesinato, después de una cena en la Zona Rosa,
Bartlett Días había bromeado con el columnista: “Don Manuel, mejor me
cruzo la calle, porque es un peligro caminar junto a usted”.
Otra versión que, de acuerdo a la política de nuestro país (culto al
presidencialismo), estuvo considerada como prohibida durante dos
sexenios y que después resultó más accesible, aunque no por ello menos
riesgosa, es la siguiente:
Buendía Téllezgirón y el periodista Jack Anderson Northman, del
semanario estadounidense Washington Post, eran muy amigos y mantenían
permanente contacto para intercambiar información sobre temas álgidos,
concernientes a las políticas de los dos países.
La reputación de ambos periodistas era ampliamente reconocida e
incuestionable y sus columnas Rede Privada, de Manuel Buendía y El
Tiovivo de Washington, eran materia de obligada consulta en ambas
naciones.
Por sus agudas críticas, sus inobjetables trabajos y lo certero de sus
señalamientos, ambos eran no sólo respetados sino temidos.
En la primera reunión que hubo entre Ronald Reagan y Miguel de la
Madrid Hurtado, éste último llegó con la intención de enarbolar la
bandera de la no intervención, la del respeto a la soberanía de los
pueblos, a los derechos humanos.
Pretendía erigirse en defensor de los más débiles.
Minutos antes de que comenzara el acto oficial y listo ya con su
discurso, un hecho vino a cambiar la estrategia del improvisado
paladín mexicano.
En propia mano, le fue obsequiado un ejemplar de la última edición del
Washington Post, donde Anderson Northman, publicó en su columna un
artículo intitulado:
MÉXICO: PAIS QUE HACE PRESIDENTES ¡MILLONARIOS!
En su trabajo, el periodista daba cuenta de cómo los presidentes Luis
Echeverría Álvarez y José López Portillo habían amasado cuantiosas
fortunas, apoyados en su investidura presidencial.
Concesiones, contratos, compras, adjudicaciones, compadrazgos,
parentescos, amiguismos, etcétera, todo resultaba válido para
ensanchar sus arcas.
Su entrega periodística la remataba de la siguiente manera:
“Y a 14 meses que lleva en el poder el licenciado Miguel de la Madrid
Hurtado, a la fecha ha depositado 162 millones de dólares a una cuenta
personal en Suiza, registrada en el Credit Suisse Group, en mayo de
1984.
De la Madrid ya no pudo erigirse en defensor de los desprotegidos y la
Dirección General de Comunicación Social de la Presidencia de la
República, impidió en lugares exclusivos de la Ciudad de México, que
circulara la edición del influyente matutino del 15 de mayo de 1984.
La investigación de Anderson Northman, no sólo incursionó en las
transferencias bancarias, sino en infiltraciones del narcotráfico en
las altas esferas de la clase política mexicana, en base a documentos
clasificados de inteligencia de diversas agencias estadounidenses.
Fuentes consultadas por el columnista apuntaban en dirección a que
estaba próximo a publicar otras columnas sobre conexiones del
narcotráfico con políticos mexicanos de primer nivel, cercanos a la
figura presidencial.
Quince días después, Manuel Buendía caería abatido a balazos en plena
Zona Rosa de la Ciudad de México.
En una de sus últimas entrevistas que concedió Buendía, al
cuestionársele si no temía a las represalias por el ejercicio de su
profesión, premonitoriamente dijo:
“Yo pienso que las represalias y los riesgos forman parte del oficio.
Como he dicho muchas veces por ahí. El que no quiera ver fantasmas que
no salga de noche. Si alguna vez yo fuera víctima de un atentado y
pudiera pronunciar mis últimas palabras, solamente diría: ¡MERECIDO ME
LO TENIA!
La sombra del asesinato del periodista Manuel Buendía Tellezgirón,
autor de la columna Red Privada, siempre estará vinculada a la
historia de la narcopolítica que, desde luego, no resulta nada nuevo
en nuestro país.
