Carlos Lara Moreno
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo abrió la posibilidad de que adolescentes reclutados por grupos del crimen organizado sean considerados víctimas, aun cuando hayan participado en la comisión de delitos, dependiendo de las circunstancias en que fueron incorporados a esas organizaciones y de si existía previamente una denuncia por desaparición.
El posicionamiento presidencial surgió tras ser cuestionada en Palacio Nacional por el caso de “Chuchito Nini”, un adolescente de 15 años que murió durante el operativo federal desplegado en Tocumbo, Michoacán, contra Luis Enrique “N”, alias “El Güicho” o “R5”, identificado como dirigente del Cártel de Los Reyes.
La Secretaría de la Defensa Nacional confirmó que la noche del 30 de agosto fuerzas federales realizaron una operación en la ranchería Rodeo del Pinal para detener a “El Güicho”. Los elementos fueron atacados con armas de fuego y repelieron la agresión; en el lugar murieron el objetivo prioritario y un acompañante.
Reportes periodísticos identificaron posteriormente al segundo fallecido como “Chuchito Nini”, de 15 años, señalado como integrante del círculo de seguridad del jefe criminal. Algunas versiones incluso le atribuyen tareas de reclutamiento de otros jóvenes, aunque esos señalamientos no aparecen en el comunicado oficial de la Defensa.
Ante el cuestionamiento sobre qué ocurre con adolescentes detenidos después de haber sido reclutados de manera forzada por organizaciones criminales, Sheinbaum explicó que cada caso debe ser analizado por las fiscalías.
“A veces, incluso aunque hayan cometido un delito, se les considera víctimas, dependiendo de la característica de cuándo fue denunciada su posible desaparición”, sostuvo durante la Mañanera del Pueblo.
La mandataria señaló que existen casos en los que un joven fue reportado previamente como desaparecido y posteriormente es localizado como integrante o presunto integrante de un grupo delictivo.
“Cuando hay un joven que por alguna razón fue denunciado como desaparecido y es detenido, muchas veces depende de la fiscalía; evidentemente se le considera víctima, pero eso es un asunto de la fiscalía, de cómo establece estas condiciones”, explicó.
Sheinbaum vinculó el tema con la revisión del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, al señalar que el gobierno busca garantizar que los registros correspondan efectivamente a personas cuya desaparición pueda acreditarse y que cuenten con información suficiente para desarrollar labores de búsqueda.
La muerte de “Chuchito Nini” vuelve a colocar en la agenda pública el reclutamiento de menores por organizaciones criminales y la frontera jurídica entre su condición como probables responsables de delitos y su posible calidad de víctimas de desaparición, coacción o incorporación forzada a estructuras delictivas.
En la misma conferencia, Sheinbaum también fue cuestionada por el incremento de la sobrepoblación penitenciaria y la posibilidad de trasladar internos de prisiones estatales a centros federales.
La Presidenta respondió que los traslados dependen del tipo de delito y de la situación jurídica de cada persona.
“No todas las personas detenidas por algún delito pueden llevarse a centros de detención federal; eso lo establece también la ley, porque hay delitos del fuero común y hay delitos federales”, señaló.
Agregó que existen traslados desde centros penitenciarios estatales hacia instalaciones federales, aunque algunas resoluciones judiciales pueden impedirlos.
“Hay otros que no pueden trasladarse o también hay amparos que ponen las propias personas que evitan que se pueda trasladar de un lugar a otro”, explicó.
Sheinbaum adelantó que su administración trabaja con gobiernos estatales en un proyecto para construir nuevos centros penitenciarios y reducir la saturación existente.
“Nuestro objetivo es, junto con distintas entidades de la República, poder hacer nuevos centros de detención, también con nuevas características distintas, para que no haya la sobrepoblación, porque no debe haber sobrepoblación en ningún centro de detención”, afirmó.
La propuesta, indicó, está prevista para el próximo año y será presentada posteriormente por el Gobierno federal.