Pide auditar al INE ante denuncias por contratos y vínculos con proveedores.
Carlos Lara Moreno
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo exigió que no exista ninguna sombra de corrupción en el Instituto Nacional Electoral (INE) y respaldó la realización de todas las auditorías necesarias para esclarecer las presuntas irregularidades en contratos con proveedores de material electoral, una controversia que involucra al entorno de la consejera presidenta Guadalupe Taddei Zavala, en pleno arranque del proceso electoral de 2027.
Durante su conferencia mañanera en Palacio Nacional, la mandataria federal sostuvo que la defensa del organismo electoral debe pasar por la transparencia, la rendición de cuentas y el esclarecimiento de cualquier señalamiento que pueda comprometer su credibilidad.
“No debe haber ninguna sombra de corrupción en el INE, eso pienso”, sentenció Sheinbaum al ser cuestionada sobre la polémica por las contrataciones del instituto y su impacto en la confianza ciudadana de cara a los próximos comicios.
La titular del Ejecutivo federal también cuestionó las movilizaciones que en años anteriores se realizaron bajo la consigna de defender al organismo electoral frente a las reformas impulsadas por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.
“No es la defensa que se hizo del INE del pasado, cuando salieron las marchas de ‘el INE no se toca’, que en realidad defendían intereses propios”, señaló.
Sin embargo, reconoció la importancia de preservar la institución y garantizar que sus recursos públicos sean administrados con absoluta transparencia.
“Entre todas y todos tenemos que cuidar al Instituto Nacional Electoral. Entonces, pues deben hacerse las auditorías que se tengan que hacer, pero no debe haber ninguna sombra de corrupción en ningún lado del país, y tampoco debe haberla en el Instituto Nacional Electoral”, enfatizó.
Contratos con proveedores colocan al INE bajo escrutinio
Las declaraciones presidenciales ocurren después de que investigaciones periodísticas revelaran presuntas irregularidades en contrataciones de empresas encargadas de suministrar materiales electorales.
Entre las compañías mencionadas se encuentran Corporativo ZEG, Cajas Graf y otras firmas relacionadas con empresarios que habrían mantenido vínculos comerciales con el organismo electoral.
De acuerdo con la información publicada, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investiga a empresas proveedoras por posibles irregularidades financieras, mientras que los señalamientos incluyen eventuales conflictos de interés y simulación de competencia.
Uno de los puntos de controversia es la relación de Jonathan Navarrete, identificado en las investigaciones periodísticas como apoderado legal de Corporativo ZEG, con el entorno de Guadalupe Taddei.
La consejera presidenta ha rechazado que Navarrete haya sido su chofer y negado que existan empresas favorecidas por la institución. También ha defendido la legalidad de las contrataciones y señalado que los procedimientos han estado sujetos a revisión.
El pasado 20 de octubre, Sheinbaum ya había solicitado que se aclararan públicamente los señalamientos sobre los contratos y planteado la posibilidad de una revisión por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Hasta ahora, las investigaciones y acusaciones difundidas no constituyen por sí mismas una determinación definitiva de responsabilidades administrativas o penales.
INE enfrenta cuestionamientos a ocho meses de las elecciones
La controversia ocurre cuando el Instituto Nacional Electoral ya se encuentra inmerso en la organización de los comicios del 6 de junio de 2027, en los que se renovarán las 500 diputaciones federales, además de 17 gubernaturas y miles de cargos locales.
El proceso electoral federal comenzó formalmente el 10 de septiembre de 2026 y contempla la instalación de consejos electorales, capacitación de funcionarios de casilla, fiscalización de campañas y organización de la jornada electoral.
Según la planeación aprobada por el Consejo General del INE, los procesos locales implicarán la renovación de 19 mil 609 cargos de elección popular, además de las 500 diputaciones federales.
En este escenario, los señalamientos sobre las contrataciones cobran relevancia por la responsabilidad del instituto de garantizar certeza, legalidad, imparcialidad y transparencia en la organización de las elecciones.
El INE cuenta con un Órgano Interno de Control, encabezado por Víctor Hugo Carvente Contreras, facultado para revisar, fiscalizar e investigar el manejo de sus ingresos, egresos, recursos y patrimonio, así como determinar responsabilidades administrativas conforme a sus atribuciones legales.