Judith Sánchez Reyes
La presidenta Claudia Sheinbaum anunció este miércoles una ambiciosa iniciativa de reforma constitucional que busca poner fin a las «jugosas pensiones» y privilegios de ex funcionarios públicos, algunas de las cuales, según sus palabras, superaban el millón de pesos mensuales.
Esta medida se inscribe en la política de austeridad y combate a la corrupción que las administraciones de la 4T han implementado en el Gobierno Federal, von el objetivo de generar un ahorro significativo para las arcas nacionales y cerrar la brecha de desigualdad en el sector público.
Acompañada por la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, y la consejera jurídica del Ejecutivo federal, Esthela Damián, la mandataria federal detalló que la propuesta será enviada el próximo lunes 20 de febrero a la Cámara de Senadores.
Sheinbaum Pardo destaco que con esta iniciativa de ley se busca regular las pensiones del personal de confianza y altos funcionarios del Gobierno de México, proyectando un ahorro de 55 millones de pesos para ser canalizados a programas del Bienestar.
En su oportunidad, la consejera jurídica, Esthela Damián Peralta, explicó que la iniciativa modificará el artículo 127 constitucional.
Precisó que, de aprobarse, las pensiones de ex funcionarios de altos mandos de confianza no podrán exceder el 50 por ciento de las remuneraciones que percibe la persona Titular del Ejecutivo Federal.
La única excepción serían aquellas pensiones o jubilaciones ya estipuladas en las condiciones generales de trabajo, garantizando así un marco de equidad y legalidad, así como lo concerniente al Poder Judicial.
Durante el anuncio, la presidenta de la República compartió datos sobre la situación actual de algunas pensiones.
Entre ellas las de la extinta Luz y Fuerza del Centro, en donde se identificaron a nueve mil 257 ex trabajadores que gozan de pensiones superiores a los 100 mil pesos mensuales.
Mientras que en Petróleos Mexicanos (Pemex) existen 393 ex empleados que reciben montos similares.
Ante esto, subrayó la urgencia de esta reforma para evitar desequilibrios financieros an interior del erario público.
De acuerdo a la jefa del Ejecutivo federal esta iniciativa retoma el compromiso del Gobierno Federal en lo referente a la redistribución de recursos y la erradicación de prácticas que, según sus palabras, atentan contra la justicia social.
