La Redacción
Durante la conferencia mañanera del presidente López Obrador se trató el tema de la empresa de taxis Confort Unlimited, que operaba tanto en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México como en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles le fueron congelados sus permisos para ofrecer este servicio de taxis, ya que se está dando prioridad a otra empresa de reciente creación y que de manera irregular se les está otorgando permisos.
“Vamos a dar la información hoy mismo sobre esto. Pero en general los aeropuertos administrados por Marina y por la Defensa están funcionando muy bien, o sea, no hay robos, la gente es bien atendida”, señaló el presidente López Obrador.
Agregó que el aeropuerto de la Ciudad de México, donde está la Secretaría de Marina, está muy bien la operación del aeropuerto desde que está la Secretaría, y lo mismo en el AIFA. De igual forma que él les tiene mucha confianza.
“Vamos a informarlo. Porque ahora seguramente el almirante no tiene la información. Pero sí se informa, pero sí les estoy yo dando toda la confianza, porque he sido correspondido, es decir, han cumplido, me han ayudado muchísimo. Las dos secretarías que más me han ayudado en todo el proceso de transformación que nos ha tocado llevar a la práctica son la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa”, expresó el mandatario.
La presidenta del Consejo de Administración de la empresa Confort Unlimited, una de las concesionarias del servicio de taxis autorizados en el AICM, Ruth Pérez Toledo, denunció en días pasados que el director de Asuntos Jurídicos del aeropuerto, maestro José Luis Martínez Colina y el ingeniero Mario Sánchez Becerra, subdirector de Terminal y transportación Terrestre, han favorecido intereses de terceros al imponer a la empresa SPASA, que en forma ilegal le han adjudicado puntos venta para la expedición de boletos del servicio de taxis autorizados en el aeropuerto capitalino.
Pérez Toledo acusó que estos funcionarios han amenazado a las empresas concesionarias de terminar la relación si no aceptan esta imposición, violando los derechos humanos y vulnerando la fuente de empleo de más de 200 familias de sus agremiados y de más de 1800 que forman parte de las agrupaciones permisionarios.
