· Los casos aumentaron 3.1% durante los primeros dos años del gobierno de Claudia Sheinbaum, respecto al mismo periodo de López Obrador
· Septiembre registró un repunte de 20.7% en secuestros y 50% más víctimas; Hidalgo figura entre las entidades con plagios masivos
María Escalante García
La estrategia de seguridad del gobierno federal sigue enfrentando una de sus deudas más delicadas: el combate al secuestro. A pesar de los discursos oficiales sobre avances en materia de seguridad y de las cifras que presumen una reducción de delitos respecto a administraciones anteriores, los registros muestran que este delito no solamente persiste, sino que presenta señales de retroceso.
Durante los primeros dos años de la administración de Claudia Sheinbaum Pardo, comprendidos entre octubre de 2024 y septiembre de 2026, se contabilizaron 3 mil 301 secuestros en el país, cifra que representa un incremento de 3.1 por ciento frente a los 3 mil 202 casos registrados entre diciembre de 2018 y noviembre de 2020, durante los primeros dos años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
La diferencia es de 99 casos, un aumento que contradice cualquier intento de presentar los resultados en materia de seguridad como una tarea resuelta. Aunque las cifras puedan mostrar avances frente a otros periodos históricos, el problema sigue lejos de desaparecer y miles de personas continúan expuestas a uno de los delitos que mayor impacto tiene sobre las víctimas, sus familias y sus comunidades.
El secuestro no es solamente una estadística más en los informes de seguridad. Detrás de cada expediente existen personas privadas de su libertad, familias sometidas a amenazas, incertidumbre, extorsiones y, en muchos casos, consecuencias irreparables.
Septiembre, un repunte alarmante
Si el balance de los primeros dos años ya refleja un incremento, los resultados de septiembre de 2026 muestran un panorama todavía más preocupante.
Durante ese mes se contabilizaron 105 secuestros, lo que representa un aumento de 20.7 por ciento respecto a agosto, cuando se reportaron 87 casos. Sin embargo, el dato más delicado está en el número de víctimas, que pasó de 120 a 180 en apenas un mes, un incremento de 50 por ciento.
Es decir, no solamente aumentaron los casos, también creció considerablemente la cantidad de personas afectadas por este delito.
La diferencia entre agosto y septiembre evidencia que el problema puede agravarse en periodos muy cortos, mientras las autoridades federales y estatales mantienen el desafío de contener a los grupos criminales que recurren al secuestro como mecanismo de control, extorsión y obtención de recursos.
Las cifras también ponen en entredicho la efectividad de las acciones de prevención, inteligencia e investigación, pues el incremento mensual refleja que los esfuerzos institucionales todavía no consiguen impedir que más personas sean privadas de su libertad.
Migrantes, entre las víctimas
Otro de los aspectos que preocupa es la vulnerabilidad de la población migrante, que continúa expuesta a las redes criminales durante su tránsito por territorio mexicano.
En septiembre se documentaron seis secuestros de migrantes, con un total de 34 víctimas, distribuidas en cuatro entidades del país.
Chihuahua concentró la mayor cantidad, con tres casos y 27 personas afectadas. Le siguieron Quintana Roo, con un secuestro y cuatro víctimas; Baja California, con un caso y dos víctimas, y Puebla, con un caso y una víctima.
El caso de Chihuahua resulta particularmente relevante, pues en tres eventos se concentraron 27 personas privadas de su libertad, una muestra de cómo los migrantes pueden quedar atrapados en hechos colectivos de violencia y explotación.
La situación exhibe las condiciones de riesgo que enfrentan quienes atraviesan México en busca de mejores oportunidades, muchas veces sin redes de apoyo, protección suficiente o posibilidades reales de denunciar.
Aunque las autoridades han anunciado operativos y mecanismos para atender a esta población, los registros evidencian que las rutas migratorias siguen siendo aprovechadas por la delincuencia.