Carlos Ramos Padilla

No sé si ellos, los gobernantes, o nosotros, los gobernados, estamos equivocados. Nos hemos tragado el cuento del combate a la corrupción como eje central de un programa de gobierno y eso es absolutamente falso.

El Ejecutivo Federal no tiene la responsabilidad de cuidar la moral de la sociedad ni llamar a cuentas a las abuelas para controlar a los psicópatas asesinos. El Presidente tiene la obligación constitucional de promover la legalidad y eso en pocas palabras en cumplir con la ley, no interpretarla ni aplicarla a discreción.

Haber liberado a un presunto delincuente/asesino como Ovidio Guzmán es un delito y la razón que explica el tabasqueño es un ejercicio, otro, de manipulación. Lo cierto es que el operativo en Culiacán fue un absoluto fracaso, un evento sin preparación, sin órdenes judiciales y si, al momento de dar la orden, poner en riesgo a miles de ciudadanos inocentes.

Ellos, los gobernantes, instrumentaron un operativo para hacer lucir a Alfonso Durazo y fue todo lo contrario y hay sanciones legales por cometer ese delito, liberar a Ovidio. Pero más allá, en estos días la infamia de mentir se ha llevado la corona con la investigación a Manuel Bartlett. Quizá el poblano/tabasqueño haya sido tan hábil de proteger sus bienes, dinero y propiedades bajo prestanombres, pero eso no implica que se le deje de investigar, aunque la orden sea contraria: frenar la indagatoria.

Esa ruin disculpa de que en este último año no ha sido corrupto y por eso se le sostiene dibuja con claridad bajo qué criterios se rige al país. Y lo peor es que personas como Olga Sánchez Cordero, ex ministra de la Suprema Corte, hoy secretaria de gobernación, junto con otros miembros del gabinete usen las redes sociales para “felicitar” a Irma Eréndira, secretaria de la Función Pública, por su ejemplar trabajo.

Ellos, los que ostentan el poder están para ejecutar órdenes de captura contra corruptos, esa es su misión constitucional, repito, poner en donde se debe, en la cárcel, a los saqueadores de la nación no es un programa ni electoral ni de gobierno, es cumplir con la ley. Manejar el presupuesto de la nación, nuestros impuestos, es para brindar seguridad, salud, alimentación y educación y ninguno de estos incisos se cumple con tanta mentira y una economía estancada.

Presumir la elevación del salario mínimo no es ni ejemplo ni representa avance. En enero subirán los precios de la canasta básico y habrá mayor desempleo. Los inversionistas no sólo están temerosos, están decididos a no invertir en ocurrencias ni financiar proyectos fallidos como será Santa Lucía y el Tren Maya. Los del dinero pretenden ejercer con legalidad, con disciplina, con garantías, no con asambleas baratas de levanta dedos que intentan bautizar como encuestas.

Irma Eréndira Sandoval evadió investigar recursos de la pareja de Bartlett y su hijo y los encargados del despacho federal están para cumplir con el mandato de la constitución no para ser cómplices de burócratas ineficientes.

El Gobierno Federal día con día acumula serias explicaciones que le deben a la nación y gobernación lejos de señalar que Epigmenio Ibarra es un patriota, que es un honor recibir al pintor Chairez luego del escándalo de la interpretación de la obra de Zapata, o que Irma Eréndira es un ejemplo, deberían de cerrar el capítulo de tantos asesinatos, poner en orden a los legisladores morenistas que votan un acuerdo comercial que vulnera nuestra soberanía o pedir explicaciones a Relaciones Exteriores por saltarse todos los protocolos diplomáticos en materia de asilo para rogarle a Evo Morales llegar a México.

Eso sí es importante, esa sí, es su tarea. Saber que ha pasado con tanto migrante que entró al país sin control sanitario y de seguridad, saber quién está y por qué detrás de la detención de García Luna. Informarnos por qué no hay un solo detenido, entre burócratas y sicarios, luego del fracaso de Culiacán. Defender a Irma Eréndira es una burla, abierta y descarada y en eso gastan el valioso tiempo de México.

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