Carlos Ramos Padilla

Tomar una decisión que beneficie o afecte a millones de seres humanos representa una enorme responsabilidad. Determinar quién vive o quién muere bajo cualquier circunstancia, ya sea en guerra, en algún accidente, por contaminación, por desastre natural o por pandemias es una tarea ingrata.

Para algunos, los más estrictos, se trata de asumir tareas sólo atribuibles a Dios. Para otros, los científicos, podría tratarse de una selección obligada y para un tercer grupo, provocar genocidios con fines de depuración poblacional o sobrevivencia selectiva, racial o intelectual.

En estos momentos, en donde parecía que a México nada debía preocuparle el coronavirus ya se empieza a tratar el tema de la bioética con el fin de salvar el mayor número de vidas. Las ofertas de conciencia es el primer obstáculo antes que contar con los elementos vitales. A quién dar la oportunidad de salvar la vida y a quién expulsarlos de un servicio médico por falta de camas, de respiradores, de insumos o medicamentos.

Se valora la edad, la condición física, el desplazamiento a los centros de atención e historial médico. Combinan criterios científicos con juicios morales, una mezcla dificilísima cuando se aplica. Y mucho de esto o casi todo tendría que ver con la capacidad que ha mostrado el Estado para prevenir este tipo de acontecimientos.

Mire, en nuestro país, de siempre, se ha intentado una y otra vez arrancar del presupuesto los recursos suficientes para atender a los niños quemados. Nunca se ha logrado, a nadie ha interesado, no hay un hospital para ello. En nuestro México se ha solicitado reglamentaciones y normas éticas que obliguen a los hospitales a reducir sus tarifas lo mismo que a los médicos que han permitido que la salud sea un tema de niveles y capacidades económicas.

Simplemente hay que pararse en una sala de urgencias o acudir a una farmacia para registrar una merma considerable en el bolsillo doméstico. Ya ni hablar de en día en terapia intensiva en donde las familias pierden absolutamente su patrimonio, y de tratamientos prolongados, pensemos en casos como diabetes, oncología o diálisis. Pero ahí no se habla de ética, como tampoco cuando se trata del abuso de los “seguros de gastos médicos”.

Pero ahora el tema se complica cuando se deja de considerar la participación de la Universidad más importante del país, la UNAM, lugar en que hoy por hoy se han generado las investigaciones más certeras y exitosas en cualquier ramo.

En pocas palabras, la UNAM se deslindó del contenido de la Guía Bioética de Asignación de Recursos de Medicina Critica publicada por el Consejo de Salubridad General que establece que ante la saturación de servicios de cuidados intensivos por el coronavirus se priorizará a pacientes jóvenes sobre adultos mayores o de aquellos que presenten alguna enfermedad crónica.

De acuerdo con la Ley General de Salud le corresponde al rector de la UNAM un asiento destinado a los vocales titulares, Sin embargo, y aun tratándose de una Ley, el Doctor Graue no fue convocado, otro factor que deja sin sentido a la “ética”. Entonces y a pesar de los esfuerzos se comenta que la Guía no trata específicamente de bioética, sino de recursos y su optimización lo cual podría ser excluyente o discriminatorio, otro punto más que merma a la “ética”.

Y a todo esto dos preguntas, y ¿dónde está la aportación, comentario o señal de la CNDH? y ¿por qué ante esta emergencia mundial y crisis nacional el gobierno de la 4T no ha solicitado el apoyo siempre rico y vital de la UNAM? Alguno de estos, los bioéticos han de tener las respuestas.