Carlos Ramos Padilla

Detallar o describir acerca de procesos administrativos que ligan a la burocracia es cansado, tedioso y aburrido, más aún cuando se esconden o disfrazan elementos para construir juicios.

Eso está pasando con las Afores, un mecanismo de ahorro que ahora el gobierno quiere disponer para cumplir con sus propósitos de poder. Ya aprobaron al vapor los morenistas y sus rémoras la iniciativa de ley que permite al gobierno tomar 40 mil millones de pesos de los ahorros en las Afores e institutos de seguridad social, no reclamados por los trabajadores inactivos mayores de 70 años, para ser transferidos al Fondo de Pensiones para el Bienestar.

Se trata de, según argumentan, otorgar el 100% de un salario promedio del IMSS de 16 mil 777.78 pesos al mes. Entonces a las viejas y nocivas conductas políticas de arribistas y mayoriteos, con 19 votos en favor y 10 en contra, la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados aprobó la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar, que contará con el “capital semilla” que se reúna de los ahorros no reclamados por los trabajadores inactivos.

Sin embargo, no se señala cómo habrán de fondear en años esta ocurrencia y se habla de fuentes, inexistentes porque habrá que vender activos, reestructurar o desaparecer instituciones o esperar muchos años para que logren utilidades Mexicana de Aviación y el Tren Maya. Entonces se trata de una confiscación para que los ahorros dejen de ser fondos privados para convertirse en fondos públicos.

La propia iniciativa dispone que los recursos transferidos al Fondo de Pensiones para el Bienestar no podrán destinarse al presupuesto federal ni podrán ser utilizados para el balance presupuestal. Pero será el gobierno a través de la Secretaría de Hacienda quien determinará en qué será invertida la bolsa de recursos.

 De cuentas individuales se pasará entonces a un Fondo -común- de Pensiones, nada prometedor cuando las tendencias marcan conductas comunistas. Asegura amlo que “su” iniciativa no es una expropiación de las AFORES, y le daremos el beneplácito de la razón, me explico, con la expropiación se debe acreditar utilidad pública y aquí no la hay, además de la obligación de pagar indemnización, que no ocurre.
Su iniciativa es confiscatoria, el expolio de lo ajeno, en pocas palabras un ejercicio de robo. amlo pretende cerrar su administración ocultando el fracaso – en todos sentidos- de sus mega obras y requiere presupuestos que ya no tiene.

Sus iniciativas de atentar contra los ahorros de los trabajadores y con la propiedad privada convirtiéndola en “concesión”, deja en claro que la ideología comunista obsoleta es su herencia política.

En Ecuador mismo sentencian que resulta una vergüenza que nuestra casa diplomática sirva como resguardo de personajes ligados a lo que llaman el narcocomunismo y que varios ya asilados en México “trabajan” para Morena en un llamado Grupo Puebla encabezado por una mujer que responde al nombre de Gabriela Rivadeneyra. El propio Rafael Correa, aliado de amlo y expresidente de Ecuador, ha lanzado la temeraria propuesta de que el Ejército Mexicano bloquee el puerto de Guayaquil en venganza al “asalto” a la Embajada de México.

Correa enfatiza “podría bloquear al puerto de Guayaquil por dónde entra y sale el 80% del comercio internacional y lo hace quebrar (al gobierno de Ecuador) en dos meses”. Con estos antecedentes los amigos lectores tienen las bases más sencillas para determinar si se permite esto que mal llaman “transformación” y se da vuelo al “continuismo” que promete Sheinbaum.

Tiempo al tiempo y veremos como el AIFA, Dos Bocas y el Tren Maya sintetizan uno de los descalabros administrativos/financieros y políticos más graves en nuestra historia. No dejemos que eso ocurra ni con nuestras propiedades ni con nuestros ahorros.