Carlos Ramos Padilla
“No dejaremos que Francia se deslice hacia la mexicanización con cárteles” declaró la candidata presidencial francesa, Marion Anne Perrine Le Pen. Ha sido reconocida en la extrema derecha, Actualmente es diputada de la Asamblea Nacional. Seguramente en Palacio criticarán y descalificarán esa aseveración politizando el contexto y señalando una marcada diferencia ideológica, pero eso no significa que Le Pen esté equivocada.
Además, se suma a otra importante voz en el mosaico internacional que deja en claro que estamos bajo una administración que ha sido calificada como “narcogobierno “. Cada vez el tono mundial sobre México se intensifica aun cuando aquí adentro no se contemplen sanciones para quienes han practicado la alianza con el crimen organizado.
Con antelación y en diferentes eventos Cayetana Álvarez de Toledo y Peralta-Ramos, doctora en Historia y política española, militante del partido popular y diputada en el Congreso por Madrid, enérgicamente ha expuesto el riesgo para la democracia mexicana y que al paso de los meses lo ocurrido en el INE con Guadalupe Taddei le da la absoluta razón aún con el menosprecio de Morena.
Cayetana ha mostrado especial interés en México luego de los disparates morenistas de exigir disculpas a España por la conquista y la corriente anti hispánica. Resulta insistente recordar los durísimos mensajes de Trump llegando al extremo de calificar a los cárteles mexicanos del narcotráfico como “terroristas y a esto se ha sumado Argentina que clasifica formalmente al crimen organizado mexicano como organizaciones terroristas.
El gobierno de Javier Milei anunció la medida para endurecer la persecución contra el crimen transnacional. Milei incluye al Cartel de Sinaloa y a la Nueva Familia Michoacana además de otras organizaciones criminales y guerrillas de la región (como las FARC, el ELN y bandas ecuatorianas).
Sin importantes tendencias ideológicas, la comunidad internacional, observando a México, exigen el congelamiento de activos financieros de manera inmediata, reforzar la vigilancia económica y facilitar el intercambio internacional de inteligencia con agencias aliadas.
En una estrategia unificada de seguridad para América del Norte, Canadá calificó de terrorista a los seis cárteles mexicanos (Sinaloa, CJNG, Golfo, Noreste, Michoacana y Cárteles Unidos), penalizando severamente cualquier apoyo financiero o material dentro de sus fronteras.
Y Costa Rica declaró oficialmente a seis organizaciones criminales mexicanas y tres colombianas bajo la categoría jurídica de “narcoterroristas” intentando detener la expansión operativa y de lavado de dinero de estas células criminales. Pero aquí en Palacio solo se insiste: “pruebas” y de ahí todo va “requetebién”.
