Judith Sánchez Reyes
En el gobierno de Sinaloa se movieron las piezas de su engranaje principal, el viernes pasado se anunciaron una serie de cambios en el gabinete estatal en medio de la presión generada por la acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el gobernador Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios, incluido el senador morenista, Enrique Inzunza Cázarez.
Los ajustes ocurren mientras la Fiscalía General de la República (FGR) analiza si existen elementos para proceder penalmente.
La licencia temporal
El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, presentó la noche del pasado viernes su solicitud de licencia temporal al Congreso del estado, un día después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo incluyera en una acusación por presuntos vínculos con el narcotráfico.
En un mensaje dirigido a los sinaloenses, aseguró que toma la decisión para no entorpecer el curso de las investigaciones que lleve a cabo la Fiscalía General de la República.
Rocha Moya sostuvo que las imputaciones en su contra son «infundadas» y carecen de elementos probatorios verificables.
“Me separo del cargo con la convicción de que mi responsabilidad es facilitar cualquier proceso de esclarecimiento y no ser un obstáculo para ello”, expresó.
Añadió que su administración ha actuado con apego a la ley y que no hay motivo para una medida cautelar que anticipe un juicio político o penal.
El mandatario estatal subrayó que «tiene la conciencia tranquila» y que confía en que la Fiscalía General de la República analizará el expediente enviado por Estados Unidos con objetividad.
“No he cometido delito alguno y lo voy a demostrar. Esta licencia es un acto de responsabilidad institucional, no de culpabilidad”, concluyó, al reiterar su disposición a colaborar con las autoridades mexicanas.
El contexto de las acusaciones
El pasado miércoles, el Departamento de Estado hizo pública una solicitud de extradición contra Rocha Moya, el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez, y el senador Enrique Inzunza, entre otros, por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. La petición provocó un “fuerte sismo político” y elevó la tensión bilateral con Washington. La FGR respondió que no ve evidencias que justifiquen una detención provisional urgente y pedirá a EU más pruebas que acrediten los delitos.
La presidenta Claudia Sheinbaum cerró filas con Rocha Moya y condicionó cualquier acción a que existan “pruebas contundentes e irrefutables” revisadas por la Fiscalía mexicana.
“Frente al embate exterior, debe haber unidad nacional”, declaró este viernes ante dirigentes sindicales.
Sheinbaum Pardo comparó el caso con el del general Salvador Cienfuegos, detenido en 2020 y luego liberado por falta de sustento probatorio.
La no postura presidencial
Durante su gira de trabajo de este fin de semana en por Palenque, Chiapas, la mandataria federal evitó dar declaraciones respecto a la decisión del gobernador sinaloense de separarse de su cargo de forma temporal.
Solo se limitó a decir que en La Mañanera de este lunes, 4 de mayo, informará si fue ella quien le «sugiero» pedir licencia al morenista.
