Pueblos Indígenas enfrentan cambios en protección de derechos humanos

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Hogar de unos 350 pueblos indígenas y 34 millones de personas, la Panamazonía ha experimentado diversos desafíos en la protección de derechos humanos en los últimos años, dio a conocer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En el estudio “Situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas y tribales de la Panamazonía”, la Comisión notificó que proyectos extractivos, la explotación de recursos naturales y el desarrollo de megaproyectos se han implementado en la zona sin consentimiento o consulta de los pueblos afectados.

Esta situación, explicó, pone en riesgo la supervivencia física y cultural de los pueblos de la cuenca amazónica, que comprende territorios de Bolivia, Venezuela, Perú, Ecuador, Colombia, Guyana Francesa, Guyana Inglesa, Surinam y Brasil.

Luego del análisis de los marcos jurídicos de cada país involucrado en el estudio, además del acompañamiento con habitantes de la región, la CIDH busca con el estudio contribuir al respeto de derechos de la población amazónica, identificados en seis ejes.

Se trata del derecho a la autoidentificación y el reconocimiento; el derecho a la libre determinación, “que incluye la capacidad para definir libremente su desarrollo económico, social y político”, y el derecho a la propiedad colectiva, con una comprensión espiritual, cultural y económica del territorio.

Además del cumplimiento de las obligaciones estatales de protección ante proyectos extractivos, de explotación y desarrollo, mediante la permisión al acceso a la justicia; la protección especial frente a la discriminación étnico-cultural, y el derecho a una vida digna articulada desde las cosmovisiones indígenas.

Los principales proyectos que atentan contra la determinación de las culturas tribales e indígenas de la Panamazonía son la minería, responsable de deforestación y acumulación de residuos, además de la contaminación de aguas.

Asimismo, proyectos de infraestructura, como hidrovías y carreteras; las hidroeléctricas y los proyectos energéticos y de hidrocarburos, cuyo impacto es similar al de la minería.

A su vez, el informe de la CIDH formula recomendaciones en orden de que los estados involucrados cumplan con las obligaciones y líneas de acción necesarias para garantizar los derechos de los pueblos indígenas y tribales de la Panamazonía, según el estatus del derecho internacional referente a derechos humanos.

“Destaca el llamado a que los estados diseñen, implementen y apliquen efectivamente un marco normativo adecuado e integral para la protección de sus derechos”, señala el informe en su resumen ejecutivo.

“La CIDH llama en particular a la adopción de medidas legislativas, administrativas o de otra índole que sean necesarias para poner plenamente en marcha y hacer efectivo, en un plazo razonable, el derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas y tribales, conforme a los estándares internacionales”.

La Comisión recomienda, también, asumir enfoques interculturales “en todas las políticas públicas” para garantizar el derecho a la autodeterminación.

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