Fuera de mis últimos 53 casos, 49 se les ha dado
el crédito a la policía y el resto a mí
Sherlock Holmes
Arturo Suárez Ramírez / @arturosuarez
Ante las protestas que se viven en el país por la crisis del sistema de salud, es necesario recordar que López Obrador no es el único responsable del desabasto de medicamentos. En 2019, según dijeron, cortaron con la corrupción de los proveedores y suspendieron las licitaciones. Nadie podía estar en contra del combate a la corrupción, pero al final ningún responsable pisó la cárcel ni fue sancionado. Eso sí, nos quedamos con una severa crisis que hasta la fecha no han podido resolver.
Qué decir de cuando llegó la pandemia de Covid-19. Ningún país estaba preparado para afrontarla, pero las decisiones que se tomaron marcaron el rumbo. México se mantuvo con las puertas abiertas; el pejelagarto invitó a la población a salir, como si no pasara nada. López-Gatell falló en sus proyecciones y nos quedamos con más de 335 mil muertos oficiales, aunque la cifra real podría acercarse al triple.
Ahí quedaron de manifiesto las carencias del sector salud, la falta de médicos y enfermeras. Por cierto, más de 4 mil trabajadores perdieron la vida y entonces eran considerados héroes. Ahora, quienes siguen enfrentando esas carencias salen a las calles a protestar y son reprimidos, como ocurrió en la Ciudad de México. ¿Cómo cambian las cosas los políticos?
En ese contexto, el 13 de abril de 2021, López Obrador anunció que desde un año antes se habían iniciado las investigaciones para que México contara con la vacuna Patria. La promesa era producir aquí las dosis necesarias para vacunar a toda la población. En el proyecto participaron el Conacyt y el laboratorio privado Avimex. Después, el 6 de junio de 2024, la Cofepris autorizó su uso de emergencia. El gobierno reportó un gasto de 973 millones de pesos, cifra dada a conocer por María Elena Álvarez-Buylla.
Terminó el sexenio de López Obrador y la promesa no se tradujo en una campaña de vacunación con Patria para la población. La vacuna obtuvo autorización de emergencia, pero eso no significó que llegara a los brazos de los mexicanos. Después de años de anuncios y de una inversión millonaria, las vacunas contra el SARS-CoV-2 se siguen adquiriendo a proveedores privados. Ahora, el gobierno tiene que recurrir a una farmacéutica para garantizar el suministro. ¿Y la soberanía científica que tanto presumían?
De acuerdo con información publicada por El Universal, Birmex adjudicó directamente a Laboratorios Liomont un contrato para adquirir vacunas contra el Covid-19 por un monto reportado de hasta mil 750 millones de pesos. El acuerdo contempla entregas hasta el 31 de diciembre de 2030. La operación deja preguntas que merecen una respuesta pública: ¿cómo se justificó el precio?, ¿por qué se eligió la adjudicación directa y no un procedimiento competitivo que permitiera comparar ofertas y condiciones?
Cuando se trata de recursos públicos y de la salud de millones de mexicanos, no basta con decir que una empresa cumple con los requisitos. Es necesario transparentar las condiciones del contrato, explicar cómo se determinó el precio y rendir cuentas sobre el destino del dinero. La salud no puede quedar atrapada entre promesas incumplidas y decisiones administrativas que no se explican con suficiente claridad.
Lo cierto es que Patria, presentada como una apuesta para demostrar la capacidad científica de México, sigue sin traducirse en la vacuna que se prometió. Mientras tanto, el gobierno vuelve a depender de proveedores privados para atender una necesidad de salud pública.
La ciencia no se desarrolla con discursos ni con anuncios desde Palacio Nacional: requiere investigación, recursos bien administrados, resultados y rendición de cuentas… pero mejor ahí la dejamos.
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