Nunca he permitido que la escuela
entorpeciese mi educación
Mark Twain
Arturo Suárez Ramírez / @arturosuarez
En 2005 vio la luz el libro Los demonios del Edén, de la periodista Lydia Cacho. En sus páginas quedó al descubierto una red de explotación sexual infantil que involucraba a hombres poderosos de los ámbitos empresarial y político, cuyos tentáculos llegaban más allá de México. A partir de entonces, se desató una persecución contra la comunicadora, particularmente por parte de Mario Marín Torres, entonces gobernador de Puebla.
En 2006, un grupo de jóvenes periodistas, Ivonne de la Cruz, Miriam Ruiz y su servidor, teníamos un programa llamado Perspectivas Periodísticas, que se transmitía por Cambio 1440. Ahí platicamos en varias ocasiones con Lydia Cacho. Hoy, martes 20 de octubre, Mario Marín enfrenta una nueva etapa de su proceso judicial por la tortura contra la periodista. Han pasado 21 años desde aquella publicación y la justicia sigue siendo una asignatura pendiente.
El caso de Lydia Cacho exhibe las miserias de un país, pero también la valentía de quienes se niegan a guardar silencio. Los abusos contra niñas y niños, las redes de protección y los señalamientos sobre la posible complicidad de personajes poderosos han puesto a prueba a las instituciones encargadas de procurar justicia.
La noticia de que Jean Succar Kuri quedó formalmente preso por delitos relacionados con la corrupción de menores, la violación equiparada, los abusos deshonestos y la pornografía infantil vuelve a poner el reflector sobre un expediente que nunca debió perder relevancia. Para Lydia Cacho, después de años de lucha, era una resolución que ya se había tardado demasiado. Sin embargo, como ella misma advirtió, esto no significa que la historia haya terminado.
No se trata solamente de un hombre acusado de cometer delitos atroces. El fondo del asunto es la existencia de redes que, de acuerdo con los testimonios y las investigaciones, habrían involucrado a personas con poder económico y político. Cuando hay menores de edad de por medio, el Estado tiene la obligación de investigar hasta las últimas consecuencias, sin importar apellidos, cargos ni amistades.
En aquella entrevista, Cacho relató un episodio que estremece: una adolescente que habría sido víctima de abusos desde los 11 años fue llevada ante las autoridades en un contexto en el que, según la periodista, la defensa buscaba que se retractara de sus declaraciones. La joven se mantuvo firme y reiteró sus acusaciones, demostrando la presión que pueden enfrentar las víctimas cuando deciden hablar.
Ahí está una de las mayores vergüenzas de este caso: niñas y adolescentes obligadas a reunir valor para contar lo que vivieron, mientras las instituciones deben escucharlas, protegerlas y garantizar que sus denuncias sean investigadas con seriedad. No se les puede exigir valentía para después abandonarlas a su suerte.
Mario Marín quedó en el centro de la polémica tras la publicación de Los demonios del Edén. Las grabaciones telefónicas que exhibieron su conversación con el empresario Kamel Nacif provocaron un escándalo nacional y pusieron bajo la lupa la actuación de quienes tenían la responsabilidad de garantizar justicia.
Cacho pagó un precio por hacer su trabajo. Denunció amenazas de muerte y enfrentó una persecución que se convirtió en símbolo de los riesgos que corren los periodistas cuando sus investigaciones incomodan a quienes tienen poder. Su caso plantea una pregunta incómoda: ¿qué ocurre cuando quienes deberían garantizar la justicia son señalados por utilizar su posición para proteger intereses particulares?
La periodista tenía claro que su labor consistía en romper el silencio y poner los hechos ante la opinión pública. Ahora corresponde a las autoridades esclarecer responsabilidades y llevar ante los tribunales a quienes hayan cometido delitos. También deben seguir las pistas sobre posibles redes de trata y explotación, sin dar por ciertas acusaciones que deben probarse, pero sin permitir que el tiempo se convierta en el mejor aliado de la impunidad.
Una resolución judicial no borra los años de dolor, las amenazas ni las omisiones denunciadas por las víctimas. Tampoco basta con detener a un acusado si las conexiones que pudieron facilitar los delitos permanecen sin esclarecer.
Lydia Cacho habló también de la importancia de la atención psicológica y del trabajo con mujeres y menores que consiguen reconstruir sus vidas. Esa labor demuestra que la justicia no consiste únicamente en castigar; también significa proteger, reparar y evitar que otras víctimas pasen por lo mismo.
El caso sigue siendo una prueba para las instituciones. No hacen falta discursos ni declaraciones de buenas intenciones; hacen falta investigaciones sólidas, protección efectiva para las víctimas y resoluciones sustentadas en la ley.
Porque cuando se trata de niñas y niños, el silencio protege a los agresores y la indiferencia también tiene consecuencias.
La justicia no puede depender del poder de los acusados ni de la resistencia de las víctimas. Mientras haya redes por esclarecer y responsabilidades por determinar, el caso de Lydia Cacho seguirá siendo una deuda pendiente de México… Pero mejor ahí la dejamos.
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