El coordinador de la Bancada Naranja en el Congreso de la CDMX, Royfid Torres González, incitó a que la Contraloría General tenga un enfoque preventivo contra la discrecionalidad y corrupción administrativa, mejore la transparencia en plataformas de transparencia de obras públicas y participe activamente en garantizar los derechos de trabajadores de la administración pública, contratados informalmente bajo esquemas de programas sociales.
Durante la comparecencia de la titular de la Contraloría General, Nashieli Ramírez Hernández, el congresista expuso que es fundamental reducir la discrecionalidad administrativa y no sólo sancionar casos aislados, sin atacar las causas estructurales.
«Hay una frase que me gusta mucho de Mauricio Merino que dice que solamente agarramos a los peces gordos, a veces, no todas las ocasiones, pero no limpiamos el agua y nos parece que ahí debe estar la discusión de hacía donde tenemos que llevar la rendición de cuentas, porque sigue habiendo muchas puertas abiertas a la corrupción.
Pongo el ejemplo inmobiliario, donde hay una ventanilla única en alcaldías, pero a su vez hay otras 50, con su propio mecanismo y lógica, donde se deja la puerta abierta no sólo para la burocracia, sino también para la corrupción».
El representante ciudadano comentó que ante la legislación de la llamada Ley de Rentas Justas y de la discusión para aprobar el Plan General de Desarrollo de la ciudad, urge precisamente hallar mecanismos administrativos que reduzcan la discrecionalidad.
Por otra parte, el congresista enfatizó que existe falta de precisión en los portales de transparencia que habilitó el gobierno de la capital para las obras que se realizan en la ciudad, por ejemplo la del Mundial de Futbol, donde sólo se lanzó un portal de datos abiertos que muestra conceptos, montos y fideicomisos generales sin detalles específicos sobre dichas obras, por lo cual se ingresaron quejas a Contraloría por parte de Movimiento Ciudadano.
Finalmente, mencionó que la dependencia podría fiscalizar y participar activamente en garantizar la protección a algunos gremios de trabajadores de la administración pública local, quiénes son contratados informalmente en esquemas de programas sociales.
«Hay varias secretarias que están contratando a personas como beneficiarias de programas sociales, en áreas de Bienestar, Limpia, PILARES y UTOPÍAS, imponiendo horarios y responsabilidades sin derecho a prestaciones o, incluso, algunos percibiendo ingresos inferiores al salario mínimo, que carecen de mecanismos de defensa ante despidos injustificados, seguridad social, salud, entre otros. Consideramos que en estos casos la Contraloría podria tener un rol activo revisando estos esquemas, para evitar abusos»., enfatizó.