Javier Milei le puso la etiqueta de terroristas a dos cárteles mexicanos
Judith Sánchez Reyes
El gobierno de Argentina declaró formalmente como organizaciones terroristas al Cártel de Sinaloa y a La Nueva Familia Michoacana. La medida se oficializó este jueves 22 de octubre con la Resolución 5/2026 publicada en el Boletín Oficial.
La resolución lleva la firma de dos ministerios clave: Seguridad Nacional y Relaciones Exteriores. El efecto legal es inmediato: ambos grupos ingresan al RePET, el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a
Actos de Terrorismo y su Financiamiento.
¿Qué implica? En los hechos, el Estado argentino puede ordenar el congelamiento de activos, activar alertas en el sistema financiero y reforzar la cooperación internacional para rastrear dinero, operaciones y vínculos de los cárteles en el país.
No fueron los únicos en el paquete. En la misma resolución, la Casa Rosada incluyó a las FARC-EP, al ELN de Colombia y a Los Tiguerones, el grupo criminal de Ecuador que ha sembrado terror en ese país.
Para justificar la designación, el gobierno de Milei se alineó con Washington. En el caso del Cártel de Sinaloa, retomó la definición estadounidense: una organización criminal transnacional dedicada al narcotráfico, contrabando y secuestro extorsivo. Recordó que el cártel fundado por Joaquín «El Chapo» Guzmán ya fue catalogado como terrorista por el gobierno de Estados Unidos, liderado por Donald Trump.
Con La Nueva Familia Michoacana fue más explícito. La señaló no solo por narcotráfico internacional, sino también por minería ilegal, extorsión y su expansión regional más allá de Michoacán.
El movimiento tiene un mensaje geopolítico claro: Milei se pliega de nuevo a la agenda de seguridad de Estados Unidos para América Latina.
La declaratoria se da a solo unos días de que Washington anunciara la instalación de una unidad regional antidrogas con sede en Argentina, una apuesta para contener el avance del crimen organizado en el Cono Sur.
El contraste con México es inevitable. La medida choca de frente con la postura que ha mantenido el Gobierno mexicano desde Andrés Manuel López Obrador, y que sostiene la administración de Claudia Sheinbaum: no catalogar a los cárteles como terroristas.
La tesis de Palacio Nacional es que esa figura jurídica, lejos de resolver el problema, abre la puerta a la intervención extranjera, vulnera la soberanía y no ataca el fondo: el tráfico de armas desde Estados Unidos y el consumo de drogas.
Con esta decisión, Argentina se convierte en el segundo país del continente, después de Estados Unidos y Ecuador, en aplicar la etiqueta de terrorismo a los cárteles mexicanos.