Por: Fernando Moctezuma Ojeda – @FerMoctezumaO
«Todo dentro del estado, nada fuera del estado, y nada contra el estado», decía Benito Mussolini. Hoy, el Senado de la República aprobó por 76 votos a favor de Morena, PVEM y PT, y 39 en contra del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, la reforma a la Ley de Amparo, al Código Fiscal de la Federación y a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, una propuesta presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Así, la Cámara Alta volvió a hacer lo que mejor sabe: disfrazar de modernización lo que en realidad huele a control político. La reforma, que ahora avanza rumbo a San Lázaro con la etiqueta de “innovación digital” y “eficiencia procesal”, en el fondo deja claro que el poder se siente incómodo con el amparo. Y cuando el poder se incomoda, ya sabemos cuál es el desenlace: reducir la incomodidad a punta de decretos.
Se nos vende la idea de que ahora todo será más ágil, más moderno, más rápido. Que los juicios en línea llegarán a salvar a la justicia del rezago eterno. Que los jueces tendrán plazos más cortos y que las suspensiones no serán usadas como “chantaje” para frenar megaproyectos o retrasar la recaudación fiscal. El discurso suena a paraíso procesal, casi a trámite bancario con firma digital. Pero la pregunta permanece: ¿eficiencia para quién?
Porque en el fondo, lo que esta reforma hace es disciplinar al amparo, esa herramienta incómoda que ha servido —con todos sus defectos— para frenar abusos del Estado. No importa si hablamos del Tren Maya, de una termoeléctrica, de una minera o de un desalojo injusto: el amparo es, en teoría, el refugio ciudadano frente a los excesos de autoridad. Y es precisamente esa molestia lo que el oficialismo busca reducir: que el amparo no sea piedra en el zapato, sino un trámite más, fácilmente previsible, fácilmente controlable.
El blindaje al interés fiscal no es casualidad. En un país donde la recaudación sigue siendo un pendiente histórico, se vuelve más sencillo debilitar la defensa de los contribuyentes que construir un sistema tributario justo. El mensaje es claro: el Estado primero, el ciudadano después. Y si en el camino se pierden derechos colectivos o se erosiona la tutela judicial, no pasa nada. Total, siempre habrá una conferencia de prensa para explicar que todo se hizo “en nombre del pueblo”.
La oposición, por supuesto, levanta la voz, aunque a estas alturas cuesta trabajo distinguir entre genuina preocupación y politización. Denuncian albazos, retroactividad y violaciones constitucionales, ¿pero qué hicieron cuando pudieron? En el Congreso, la defensa de los derechos suele ser selectiva: se protege aquello que incomoda al rival, no lo que incomoda al poder en turno.
El problema es de fondo: al amparo lo han convertido en moneda de cambio. Un día es obstáculo para las inversiones; otro, estorbo para la recaudación; mañana será incómodo para las políticas de seguridad. La lógica es simple: que la justicia se acomode al calendario político. Y el ciudadano, en este juego, termina reducido a espectador de reformas que se cocinan al vapor, sin debate real, sin la molestia de escuchar demasiado a sociedad civil, a barras de abogados o a comunidades que serán las primeras afectadas.
Se dice que el amparo es la columna vertebral de nuestra defensa frente al poder. Hoy, esa columna empieza a encorvarse. Y lo hace no por desgaste natural, sino porque quienes deberían garantizar su firmeza prefieren doblarla para que no estorbe. Eso sí, nos prometen que ahora todo será más “ágil”. Claro: nada más ágil que un amparo que ya no molesta al poder.
