Las noticias sobre investigaciones del SAT al rector de la UNAM no son mitos ni solo campañas mediáticas para provocar ingobernabilidad en la institución educativa de cara al relevo en su dirección. Se trata, simple y llanamente, de la misma estrategia que la 4T ha utilizado para ablandar y arrodillar a los gobernadores priistas que han cedido y, voluntariamente, se han encargado de hacer lo necesario para entregar sus respectivas plazas al movimiento morenista, sin importar sus impresentables candidatos.
Ocurrió en Sonora, San Luis Potosí, Sinaloa, Colima, Zacatecas, Hidalgo y recientemente, también en el Estado de México. En esas entidades no hubo necesidad de lanzar al aparato del gobierno federal, pues con gobernadoras y gobernadores sometidos, hasta la selección de los candidatos de Morena y la campaña perdieron relevancia. Las victorias morenistas estaban aseguradas, aun con abanderados impresentables como Delfina Gómez, porque los gobernadores de oposición se encargaron de hacer lo necesario para desmovilizar a sus partidos por un lado, y mantener con freno de mano a los que, se suponía, eran sus candidatos por el otro.
Hoy, como si se tratara de una entidad federativa más, la misma fórmula que ha resultado tan eficaz para pintar el mapa político de guinda, se trata de aplicar para la UNAM. La intención es que Enrique Graue sea sensible a las implicaciones de la persecución tributaria con que se le amenaza desde la Unidad de Inteligencia Financiera y, a cambio de su propia tranquilidad, opere su sucesión para, él mismo, entregarle la Rectoría al candidato, abierta o encubiertamente vinculado a la 4T, que desde Palacio Nacional, o desde la oficina de campaña de Claudia Seinbaum, se le ordene.
El detalle está en que la UNAM no es una entidad federativa y no tiene una población analfabeta en la mendicidad, o entregada al culto a la personalidad que el populismo impulsa. Al contrario, en la Universidad coexisten todas las corrientes de pensamiento, particularmente las de pensamiento crítico y para lo que menos hay espacios, es para el fanatismo, el culto a la personalidad y la obediencia ciega.
Graue podrá o no ser vulnerable por su situación fiscal, pero le corresponderá a él y solo a él, no a la UNAM, aclarar el origen de su aparente riqueza.
En la universidad existe un mecanismo muy claro, y muy criticado porque no da espacio al populismo y la politización del proceso de selección de su máxima autoridad. En ese mecanismo, por fortuna, el rector saliente no solo no tiene la última palabra aunque tenga influencia. Puede inscribirse al proceso de selección cualquier universitario que cumpla con los requisitos de ley. No es necesario cortejar al rector en funciones para que incorpore al o a los aspirantes a una terna, pues no hay ternas. Es la Junta de Gobierno la que ausculta y evalúa los perfiles para, con una mayoría super calificada, elige al nuevo rector.
En esta ocasión, ante la guerra abierta que existe contra Enrique Graue, además de las constantes críticas del presidente López Obrador, algunas atendibles y otras fuera de proporción, la Junta de Gobierno deberá trabajar como el reducto definitivo de la defensa de la UNAM y su autonomía. Sus miembros no se pueden doblar y de hecho, tendrán que ser más fuertes que nunca, porque no pueden permitir que los intereses del grupo al que pertenece y representa Enrique Graue, quieran salvarse de una persecución negociando la entrega de la Rectoría a un gobierno que ya se sabe, y claramente, para qué quiere controlar a la UNAM.
