En 2008 al no aceptar un precio de compra menor a su valor real, Cemex, la empresa cementera mexicana fue expropiada por Hugo Chávez en Venezuela. De poco o nada sirvió la intervención del Gobierno de México, la expropiación fue inevitable. Ahí comenzó el terror para los inversionistas extranjeros que veían en riesgo el patrimonio invertido en una nación latinoamericana cuyo escenario político comenzaba a radicalizarse.
“Vamos a tomar las plantas cementeras porque se acabó el plazo y pasan a manos del Estados…como pasó con la Siderúrgica Orinoco, como pasó con la Faja del Orinoco, como pasó con la Compañía Nacional de Teléfonos de Venezuela. Todos, declaró Chávez, son pasos al socialismo.
De acuerdo con una investigación periodística, en los primeros 10 años de gobierno de Hugo Chávez, con quien Andrés Manuel López Obrador guarda más similitudes que diferencias, y que odia que se las recuerden, el mandatario venezolano intervino mil 168 compañías, la mayoría de ellas relacionadas con los ramos petrolero, alimentos, construcción, agroindustria y comercio.
Los argumentos esgrimidos por estos gobiernos alevosos son siempre el bien colectivo, la protección de los menos favorecidos o el interés nacional; sin embargo, ante falta de esquemas justos, generan un enorme caos en la economía y una explicable falta de interés de inversionistas.
Hace unos días, despertamos con la noticia de que tres tramos de Ferrosur habían sido expropiados para continuar el sueño guajiro del Presidente, el Tren Maya. El mandatario argumentó lo mismo que en su momento hizo Chávez, que se había hablado con los dueños y que ante su negativa se había tomado la decisión drástica a la que sobrevinieron consecuencias de inversiones.
No hay nada que golpee más a la economía de un país que la falta de confianza de los inversionistas. La respuesta ante estas medidas es inmediata: para que compro, si luego me lo van a quitar.
La pérdida de confianza en un Estado que puede actuar de manera alevosa genera inestabilidad financiera, algo que, por supuesto, no le interesa a López Obrador, quien fija su narrativa en que le quita el dinero a los ricos para dárselo a los pobres, acentuando nuevamente el divisionismo que tanto daño ha hecho a este país.
Existen muchos videos en los que se observa al Presidente Hugo Chávez caminando por las calles, señalando algún inmueble y diciendo: exprópiese.
El problema generado con la expropiación del Ferrosur no fue solo el decreto, que, de acuerdo con varios analistas, presenta muchos errores jurídicos, sino la ocupación de las instalaciones por las fuerzas armadas.
Ya hubiera querido cualquier Estado que debe enfrentar solo a la delincuencia organizada, que el Presidente López Obrador les hubiera mandado un nutrido número de elementos para defender a la población, no para despojar a un particular de su propiedad.
La reacción inmediata fue el repliegue de Germán Larreal, presidente de Grupo México quien ya estaba en negociaciones avanzadas para adquirir el Banco Nacional Mexicano por más de 7 mil millones de dólares. Nadie podría criticar su cautela ante un Estado que, con la mano en la cintura, al igual que Chávez, solo dice: ¡exprópiese!
El caso El Encino fue lo mismo, la gandallez de quitarle a un particular su propiedad para un supuesto bien colectivo. El objetivo era conectar un famoso hospital privado al que por supuesto ningún pobre tiene ni tendrá acceso. Andrés Manuel López Obrador sí era responsable del desacato, pero utilizó el incidente para hacerse mártir y el resto de la historia todos la conocemos.
¿Qué garantiza que, de continuar este gobierno, cualquiera de nosotros no podamos ser víctima de algún capricho presidencial?, su casa, mi casa, la casa de cualquiera.
No es un tema menor, por más que muchos seguidores de López Obrador quieran verlo como un hecho de justicia de los pobres contra los ricos, quitarle propiedad a un inversionista daña directamente al corazón de cualquier nación, no se trata solo de dinero, se trata de confianza. En Venezuela las expropiaciones se hicieron a diestra y siniestra y por supuesto los afectados demandaron. En 2020 se conoció del primer juicio ganado por una empresa española que fue expropiada por Hugo Chávez y por la que hoy, los Venezolanos, deberán pagar más de mil 400 millones de euros, dirían los chavos: hizo su desmadres y nos dejó la fiesta.
En México, el primer gran susto para los inversionistas fue el cierre arbitrario del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, cuyos involucrados fueron señalador por López Obrador como corruptos, pero jamás se conoció una sola investigación o denuncia que demostrara los “dichos” del presidente. Ahí, no solo se generó una enrome deuda que deberemos pagar los mexicanos y las generaciones que vienen, sino que sirvió, hoy conocemos, de botín de guerra, para que los amigos de Andrés López Beltrán se beneficiarán de manera escandalosa.
La expropiación de Ferrosur, que puede ser la primera, pero no la última, impactará en las calificadoras y en la marca México, que, si bien, de manera inmediata no afectará en la economía, generará tal incertidumbre en los inversionistas que necesariamente, tarde o temprano, resentiremos el impacto.
