Miguel Ángel Casique Olivos

El pasado cuatro de marzo, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, al hablar sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, hizo alusión a que en América Latina y el Caribe “el dominio y la violencia ejercidos por pandillas y la delincuencia organizada constituyen importantes retos para la paz y la seguridad, con grave impacto en la vida y los derechos de millones de personas, como en Ecuador, Haití, Honduras y México”.

Señaló que las respuestas punitivas y militarizadas han conducido en algunos casos a graves violaciones de los derechos humanos, lo que puede alimentar aún más la violencia; y plantea que “sólo las políticas basadas en los derechos humanos pueden ofrecer soluciones eficaces y sostenibles. Corrupción, débil gobernanza, impunidad y las causas estructurales de la violencia –como la discriminación y las fallas en la protección de los derechos económicos, sociales y culturales– deben abordarse con la participación de la sociedad civil y las comunidades afectadas”.

La crítica del funcionario de la ONU caló tanto en Palacio Nacional que López Obrador, ni tardo ni perezoso, tildó la declaración de “tendenciosa” y de ser “un ataque para demostrar que existe mucha violencia en el país… está en contra de nosotros y hace comparsa con los que quieren demostrar que México es un país muy violento”. Pero, señor Presidente, entonces: ¿en México no hay violencia?, ¿los 183 mil 201 homicidios cometidos en su sexenio, no existen? o es que, ¿el asesinato electoral más reciente, de Gisela Gaytán, candidata de su propio partido a la alcaldía de Celaya, fue imaginario?

Más allá de que AMLO, sin argumentos, quiera refutar lo que Volker Türk señaló, todo cobra más vigencia porque la organización “Laboratorio Electoral”, en su informe que publicó el martes dos de abril, sustenta que durante este proceso electoral, 2024, se contabilizan 158 agresiones contra personas vinculadas con la jornada electoral actual; y de ellas, 52 personas perdieron la vida, entre las cuales 28 aspiraban a algún cargo de elección popular; pero también reporta nueve casos de secuestro, 22 intentos de atentado y 75 amenazas. Acaso, ante estos datos, AMLO también dirá que es ataque o que no hay violencia.

El reporte no deja dudas; refleja la realidad que viven prácticamente todos los estados. Y también es inocultable que la información que se recaba a través de los partidos políticos arroja que las amenazas se han incrementado durante febrero y marzo, meses en los que concluyeron las precampañas y las etapas de registro en la mayoría de los estados; la muerte de la candidata a la alcaldía de Celaya, Guanajuato; ocurrió en las primeras horas de campaña electoral, al concluir su primer acto de proselitismo.

El dos de junio México tendrá las elecciones más grandes de su historia; 97 millones de votantes van a elegir a más de 20 mil cargos de elección popular (Presidente de la República, nueve gobernadores, 128 escaños del Senado y los 500 diputados); las campañas presidenciales comenzaron oficialmente hace un mes y organismos internacionales como la ONU han expresado su preocupación y hacen llamados para que las elecciones no sean violentas. Sin embargo, todavía falta más de mes y medio y la tendencia de asesinatos va a la alza: en el proceso 2017-2018 fueron asesinados 24 aspirantes; en el de 2020 a 2021, hubo 30 muertos y en 2023-2024, van 28 asesinatos.