Miguel Ángel Casique Olivos
El actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), recibió un duro golpe del Departamento de Justicia del gobierno de Estados Unidos (EE. UU.) recientemente, el cual reveló que el Cártel de Sinaloa aportó entre dos y cuatro millones de dólares (mdd) para su campaña político-electoral de 2006, cuando contendió como candidato a la Presidencia de la República.
Si es cierta esta investigación, ese dinero fue aportado por el narcotraficante Arturo Beltrán Leyva a su equipo de campaña, entre quienes figuraba su inseparable chofer Nico; ese grupo criminal tendría hoy protección gubernamental (incluso del Procurador General de la República) si hubiera ganado AMLO esa elección, a pesar del financiamiento ilícito.
Pero más allá de las “denuncias públicas” que incriminan al mandatario morenista, quien obviamente las “desmintió” a través de los medios de prensa nacionales e internacionales, sería conveniente investigar cuántos y qué gobiernos federales anteriores de nuestro país han rfecibido apoyo financiero de los grupos criminales, en particular de las poderosas mafias dedicadas al narcotráfico.
Resulta significativa la denuncia porque surge en un periodo político-electoral hipersensible; AMLO no será “un ave que cruza el pantano sin mancharse”; y lo más probable es que la versión del financiamiento ilícito a su campaña de hace 18 años termine por manchar a su partido, Morena, y a su candidata, Claudia Sheinbaum Pardo.
Las investigaciones de la Deutsche Welle de Alemania y del Centro de Estudios InSight Crime revelan que narcotraficantes, convertidos en testigos protegidos, informaron a la DEA (el Departamento Antidrogas de EE. UU.) que el cártel de los hermanos Beltrán Leyva aportó dos millones de dólares a la campaña electoral de AMLO en 2006. Estas denuncias públicas no pueden borrarse de un plumazo ni ignorarse simplemente con declarar que las agencias de espionaje gringas son “inmorales”.
“No hay ninguna prueba. Son unos viles calumniadores”, aseveró AMLO en una de sus conferencias matutinas más recientes mientras, por cierto, en los primeros tres años de su “gobierno” emitió 67 mil mentiras y en un lustro incurrió en más de 100 mil falacias y ocurrencias de merolico placero.
Sin embargo, después de la reunión oficial, que en principio se supuso ríspida porque AMLO había dicho que no recibiría personalmente a la señora Sherwood, concluyó con una declaración pública oficial del gobierno mexicano, en la que reconoció que la presunta asociación delictiva de AMLO era un asunto “cerrado” para el gobierno de EE. UU.
Pero las dudas flotan en el aire: ¿Qué motivó la publicación de la denuncia de que AMLO tuvo vínculos con los narcos? ¿Qué prometió AMLO al vecino país a cambio de su posición personal y política de cara a las próximas presidenciales en México y en la del país vecino? Todo pudo ser un “calambrito político” al hombre fuerte de Palacio Nacional.
Lo cierto es que, al margen de que el periodicazo gringo esté fundamentado o no, su efecto político inmediato se reflejará en la proyección del gobierno de AMLO hacia los intereses políticos de Washington, un impacto negativo que el propio mandatario y su gabinete hábilmente intentaron revertir con el envío de 20 iniciativas de reforma legal, de las que 18 son de nivel constitucional y la oposición no dejará pasar.
Los proyectos de reforma de AMLO sirvieron como cortina de humo para ocultar sus obligadas “disculpas” ante el gobierno de EE. UU. por su presunta relación con los narcos; pero también para relanzar la retahíla de mentiras en el sentido de que su gobierno es democrático y favorece “primero a los pobres”.