Miguel Ángel Casique Olivos
Una de las prácticas que más se criticaba al viejo PRI, incluso también al PAN, era mantener el control social de los pueblos y comunidades mediante el terror, con el uso de las fuerzas armadas y evitar que protestaran ante cualquier acción que ejecutara el gobierno para dañar sus intereses. Con el gobierno del morenista Andrés Manuel López Obrador (AMLO) la situación nada ha cambiado.
En sus cuatro años de lo que va su sexenio, han sido asesinados 79 activistas defensores de los derechos humanos, 22 de ellos el año pasado, según ha denunciado el Comité Cerezo México (CCM). Y así como ser periodista en nuestro país es poner en un verdadero riesgo la vida; defender la tierra, el agua, el medio ambiente y a los pueblos indígenas puede llegar a desenlace fatal, el de ser asesinados, muchas veces indirectamente por parte del Estado mexicano, ahora con AMLO que nada ha logrado cambiar a pesar de que prometió, desde la campaña, ser el más “humanista”.
Y esto es así porque el crecimiento de los grupos del crimen organizado bajo la sombra del gobierno de la 4T ha generado una ola de violencia que azota diariamente a los mexicanos, y gran parte de las amenazas a los activistas no se ejercen directamente por personal de gobierno, sino por un tercero que haga el trabajo sucio: amedrentar y hasta llegar a cometer el crimen. Por eso, en muchas ocasiones, puede resultar extraño que los opositores, como los ambientalistas, del Tren Maya, sean atacados por el gobierno y asesinados por criminales, pero en la lógica se deduce una maraña de acuerdos para continuar con el terror de la población y que estos no se rebelen al gobierno.
En comparación con el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018), que tuvo 161 asesinatos de activistas, según Red TDT, con AMLO los hasta ahora registrados representan casi el 50 por ciento que su antecesor, lo que evidencia la práctica del terror. Los muertos que no se ven suman esa larga lista con la que carga la 4T en su fracaso de pacificar al país, dejando que se expanda el narcotráfico, los secuestros, la trata de personas y los robos.
La organización internacional Front Line Defenders (FLD) califica a México como el segundo país más mortal para los defensores de derechos humanos detrás de Colombia y de países que no se encuentran en conflictos bélicos como Ucrania. Asimismo, “Artículo 19” ha denunciado que el mecanismo a protección de periodistas y activistas ha sido rebasado, por lo que es necesario que la Secretaría de Gobernación lo reforme completamente y se inviertan mayores recursos económicos porque los números de personas amenazadas de muerte que laboran en campo, investigando y denunciando, han crecido exponencialmente a cifras nunca antes vistas.
Y la lista sigue creciendo, ahora con los periodistas, un claro ejemplo el martes 10 de enero, donde en un video que circulaba por las redes sociales, dos de tres periodistas del medio “Escenario Calentano” -un medio independiente creado para denunciar los hechos de violencia ante el silencio del gobierno-, aparecían encadenados y declarando por la fuerza su quehacer en la zona de Tierra Caliente, en Guerrero -estado gobernado por Morena-; estos hechos son totalmente reprobables y las autoridades locales no han dicho algo al respecto. Hasta ahora lo que sabemos es que aún siguen con vida, pero de hacer caso omiso del gobierno Federal y estatal, las consecuencias serán trágicas y más dolorosas para las familias de las víctimas.