La subcontratación o sistema de outsourcing no es mala en sí, sino la operación de más de 14 mil empresas, detectadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social en este mecanismo que tan sólo en 2019 dañaron a los trabajadores, a los empleadores y a las instituciones, al no pagar sus cuotas patronales y proporcionar seguridad social a sus empleados.

Durante el Parlamento Abierto en materia de Subcontratación o Outsourcing, celebrado en el Senado de la República, el acuerdo entre servidores públicos, empresarios, trabajadores y organizaciones dedicadas a esta actividad, fue que no es necesario crear nueva legislación, sino aplicar la ley existente y que haya coordinación entre autoridades, que se genere un censo de empresas que no cumplen y que se proceda para regularlas o sancionarlas.

De esto modo se evitarán prácticas fraudulentas como la evasión que se detectó en el IMSS en el 2019 del orden de 21 mil millones de pesos o la defraudación fiscal al SAT por 324 mil millones anuales por defraudación fiscal, a partir de las factureras u operaciones de lavado de dinero.

Para algunos participantes la subcontratación ilegal representa una competencia desleal para las empresas que sí cumplen con sus obligaciones y actúan conforme a la legislación laboral. Por esta razón se plantea no sólo la revisión del marco legal, sino una coordinación efectiva entre la Secretaría del Trabajo, el IMSS, la Procuraduría Fiscal, el SAT, la Unidad de Inteligencia Financiera y el INFONAVIT para tener un registro de las empresas que no cumplen y se proceda contra ellas.

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