Gabriela Lazcano
Debería indignarnos que quienes deben cuidar nuestras instituciones terminen rodeados de señalamientos que ponen en duda su integridad, sin importar el partido al que votemos.
Lo que ocurre alrededor de Guadalupe Taddei, presidenta del Instituto Nacional Electoral, nos preocupa porque el INE debe garantizar que nuestra voluntad en las urnas sea respetada.
Construir una autoridad electoral autónoma le costó décadas a México. Fue una lucha ciudadana para impedir que el poder decidiera quién ganaba las elecciones. Por eso es grave que su máxima responsable esté en el centro de una polémica por presuntos conflictos de interés, relaciones personales con proveedores y contratos millonarios.
Los videos difundidos por Latinus muestran al empresario José Alfredo Hernández Casillas junto al hijo de Taddei en París. «París a tus pies, chamaquito», le dice mientras brinda con champaña en una habitación de lujo. La frase sería anecdótica si no fuera por reportes periodísticos sobre contratos millonarios de empresas relacionadas con él.
También se han difundido audios que han generado cuestionamientos sobre la relación entre ambos. Los audios deben esclarecerse y las posibles irregularidades investigarse. La ciudadanía merece saber cuánto dinero público recibieron esas empresas y bajo qué procedimientos.
No se trata de juzgar relaciones personales ni de condenar sin pruebas. Se trata de exigir que quien encabeza una institución electoral evite conflictos de interés y explique con transparencia su actuación cuando existen dudas razonables.
Mientras vemos imágenes de lujo en París, hay madres buscadoras que recorren el país con fotografías de sus hijos desaparecidos, muchas veces sin recursos ni acompañamiento institucional. Hay familias que peregrinan buscando medicamentos y mexicanos que trabajan, pagan impuestos y hacen esfuerzos extraordinarios para sostener a sus familias.
Ellos no tienen París a sus pies. Tienen angustia, incertidumbre y la esperanza de que alguna autoridad se acuerde de que existen.
No se trata de envidiar el lujo ajeno, sino de exigir que ningún privilegio ligado al poder esté por encima de la obligación de rendir cuentas. El dinero público no es una bolsa para favorecer a los cercanos. Las instituciones no son patrimonio de quienes las encabezan.
El nepotismo, los conflictos de interés y la opacidad no tienen partido. Quienes llegaron al poder prometiendo acabar con los vicios del pasado deben demostrar que no terminaron reproduciéndolos.
Es innegable que la Cuarta Transformación enfrenta contradicciones que erosionan su credibilidad. El descontento ciudadano, los señalamientos de corrupción y el endeudamiento público alimentan una crisis que no puede resolverse con discursos ni descalificando a quienes cuestionan. Ningún movimiento puede reclamar autoridad moral si sus representantes no responden a las exigencias de transparencia que prometieron defender.
La renuncia anunciada por Taddei tampoco debe cerrar el caso. Una salida no aclara los contratos ni determina responsabilidades. México necesita investigaciones transparentes y, si se acredita alguna irregularidad, sanciones conforme a la ley, sin excepciones ni encubrimientos.
Exigir funcionarios intachables no debería ser una postura política, sino la condición mínima del servicio público. No pedimos santos; pedimos honestidad, independencia y respeto por el dinero de todos. Un órgano electoral debe ser absolutamente incorruptible: cuando se debilita la confianza en quien cuenta los votos, se debilita la democracia.
Taddei debe irse , debe ser investigada y si es el caso , castigada .
La democracia no se destruye únicamente cuando se manipulan las urnas; también cuando dejamos de confiar en quienes deben protegerlas. Un gobierno no se desmorona solo por los ataques de sus adversarios, sino cuando sus propias contradicciones devoran las promesas con las que llegó al poder.
Es innegable que estamos en los albores de la destrucción de lo que ha sido el peor gobierno en la historia de México.
