Gabriela Lazcano
Hay algo mucho más grave detrás de la lista presentada esta semana por María Luisa Alcalde, en la que aparecen periodistas, políticos, medios y los llamados “comentócratas” que, según el gobierno, forman parte de un supuesto “ecosistema” encargado de construir una narrativa contra la Cuarta Transformación. En México
Nadie puede “manejar la narrativa del país” desde una oficina, un partido o un grupo de medios. México es mucho más complejo. Millones de mexicanos tienen una opinión propia y no necesitan que nadie les pague para estar inconformes o cuestionar al gobierno.
El gobierno parece necesitar una explicación para cada crítica: si alguien cuestiona, pertenece a un ecosistema; si muchos cuestionan, alguien los financia; si una información resulta incómoda, forma parte de una campaña.
Puede existir o no ese ecosistema. Puede haber cuentas coordinadas, campañas digitales o intereses políticos. Eso ocurre en todos los partidos y gobiernos.
Lo verdaderamente peligroso es que desde el Estado se señale públicamente a personas concretas como integrantes de una estructura enemiga.
Porque una cosa es analizar una red social y otra muy distinta es poner nombres y apellidos sobre una pantalla y decirle al país quiénes son, según el gobierno, los responsables de construir una narrativa contra él.
En México existen fanáticos de todos los colores. Por eso, cuando una autoridad señala públicamente a periodistas, comunicadores, políticos o dueños de medios como parte de una supuesta red contra el gobierno, debería entender que no está haciendo solamente un análisis de X.
Está señalando personas. Y señalar desde el poder tiene consecuencias.
Después podrán decir que no fue una “lista negra”, sino un análisis de publicaciones e interacciones. Pero esa explicación no elimina el riesgo. Se podían estudiar tendencias sin exhibir nombres como integrantes de una estructura adversaria.
La libertad de expresión no existe para proteger únicamente a quienes aplauden. Existe, sobre todo, para proteger a quienes incomodan.
Un periodista puede equivocarse, ser crítico o incluso militante. Nada de eso le quita el derecho a expresarse. Y mucho menos convierte su nombre en un blanco.
Por eso resulta tan preocupante que la Presidencia haya permitido este señalamiento. El Estado debe cuidar las consecuencias de sus palabras.
El gobierno puede amplificar un señalamiento hasta convertirlo en una acusación pública. Y eso cambia todo.
Tampoco es aceptable dividir al país entre quienes están con la transformación y quienes supuestamente trabajan contra ella. México pertenece a todos, incluso a quienes no están de acuerdo.
Si la Cuarta Transformación tiene el respaldo que sus dirigentes aseguran tener, no debería necesitar construir permanentemente la figura de un enemigo. Un gobierno fuerte no necesita perseguir fantasmas ni señalar a quienes lo critican.
Necesita responderles con argumentos, datos y resultados.
Lo ocurrido debería preocupar incluso a quienes simpatizan con el gobierno. Hoy son periodistas y comentaristas; mañana pueden ser otros ciudadanos que disientan.
El problema no es quién gana la discusión.
El problema es qué ocurre cuando el poder decide identificar públicamente a sus críticos.
Ningún gobierno democrático debería poner en una bandeja de plata a personas que ya pueden ser objeto de amenazas. Nadie puede saber qué hará un fanático después de sentirse legitimado por un señalamiento oficial.
Esta no es una discusión sobre redes sociales. Es una discusión sobre los límites del poder.
El gobierno no está obligado a estar de acuerdo con los periodistas. Pero sí está obligado a respetar sus derechos y a no ponerlos en riesgo.
La pregunta no es quién forma parte del supuesto “ecosistema”.
La pregunta es mucho más sencilla y mucho más incómoda:
¿Quién protege a los que el poder decidió señalar?